La defensa del exministro de Hacienda de Chile, Nicolás Grau, ha presentado un escrito de 161 páginas en respuesta a la acusación constitucional en su contra, solicitando que sea declarada inadmisible o, en su defecto, rechazada en su totalidad. En este documento, se argumenta que la acusación carece de hechos específicos que lo vinculen directamente a infracciones constitucionales, cuestionando tanto el fundamento jurídico como los antecedentes técnicos que la sustentan. La defensa sostiene que las discrepancias en cifras fiscales y el pronunciamiento previo de la Contraloría General de la República refuerzan su posición, al indicar que no existen conductas concretas atribuibles a Grau.

Uno de los puntos más críticos de la defensa se centra en un supuesto error en el cálculo de una omisión de US$10.500 millones en las cuentas fiscales. Según los argumentos presentados, esta cifra se basa en una interpretación incorrecta de los acusadores, quienes asumen que cualquier cambio en el déficit fiscal debe reflejarse de manera directa en la evolución de la deuda pública. La defensa explica que, en realidad, ambos indicadores pueden variar por factores como el tipo de cambio y otros elementos relacionados con el ajuste flujo-stock, lo que complica la relación entre déficit y deuda.

Además, la defensa menciona que en años anteriores ya se habían observado diferencias significativas entre el déficit fiscal y la deuda proyectada, citando un caso en 2021 donde la brecha alcanzó cerca de US$17.600 millones. Este argumento refuerza la idea de que si tal discrepancia hubiera sido considerada una irregularidad, se debería haber llegado a la misma conclusión respecto a episodios anteriores, lo que no ocurrió. Este enfoque pone de relieve la necesidad de un análisis más profundo de las decisiones fiscales y su justificación técnica.

Otro aspecto relevante que destaca la defensa es un pronunciamiento previo de la Contraloría sobre la exdirectora de Presupuestos, quien fue denunciada por eventuales vulneraciones al principio de probidad administrativa. La Contraloría concluyó que no hubo actuación contraria a la probidad, lo que, según la defensa, hace improcedente sostener una infracción constitucional en relación con el ministro de Hacienda. Este punto es crucial, ya que establece un precedente que podría influir en la percepción pública y política del caso.

Finalmente, la defensa argumenta que la acusación constitucional se basa en deberes generales asociados al cargo de ministro de Hacienda, sin identificar conductas específicas que puedan ser atribuidas a Grau. Esto plantea un dilema sobre la naturaleza de la responsabilidad constitucional y su relación con decisiones técnicas en materia fiscal. La defensa advierte que transformar este tipo de acusaciones en herramientas de disputa política podría socavar la integridad del sistema jurídico y la confianza en las instituciones. En consecuencia, se solicita a la Cámara de Diputados que declare inadmisible la acusación o, en su defecto, la rechace en su totalidad.

Este caso tiene implicaciones significativas para el clima político y económico en Chile, especialmente en un contexto donde la transparencia fiscal y la rendición de cuentas son temas de gran relevancia. Los inversores y analistas estarán atentos a cómo se desarrolla esta situación, ya que podría influir en la percepción de riesgo del país y en las decisiones de inversión en la región. La próxima sesión de la Cámara de Diputados, donde se discutirá esta acusación, será un evento clave a seguir en las próximas semanas.