Las calificadoras de riesgo han descartado una pronta mejora en la calificación de los bonos provinciales argentinos, a pesar del reciente aumento en la evaluación de la deuda soberana. Según el economista de Fitch, Diego Estrada, aunque algunos distritos subnacionales ya contaban con mejores calificaciones que el gobierno nacional desde 2025, aquellos que enfrentan problemas no han logrado progresos significativos. Este estancamiento en las calificaciones provinciales se debe a que las mejoras crediticias observadas en el sector subnacional no han sido impulsadas directamente por el aumento en la calificación del soberano, sino que se han venido desarrollando de manera independiente desde el año pasado.

Estrada destacó que la reapertura del mercado de capitales a mediados de 2025 permitió a las provincias adaptarse a un nuevo entorno operativo. Sin embargo, las dificultades persisten, especialmente para aquellas provincias que dependen de transferencias automáticas y discrecionales del gobierno nacional. En este sentido, el economista señaló que, bajo la administración de Javier Milei, se han comenzado a implementar refinanciaciones de deudas provinciales, lo que representa un cambio significativo en la gestión financiera de las provincias. Este nuevo enfoque ha permitido a algunas jurisdicciones mejorar sus calificaciones crediticias, incluso en el ámbito internacional.

A pesar de estas mejoras en la gestión, el panorama fiscal de las provincias ha cambiado drásticamente. Un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) reveló que, en 2025, las provincias experimentaron un aumento del 3,4% en sus ingresos totales en términos reales, impulsados principalmente por un incremento del 59,4% en los ingresos de capital. Sin embargo, los gastos corrientes también crecieron, alcanzando un aumento real interanual del 7%. Como resultado, el resultado primario de las 23 jurisdicciones analizadas pasó de un superávit de $4,8 billones en 2024 a un déficit de $380.000 millones en 2025.

Este cambio en el resultado fiscal es significativo, ya que las provincias han perdido el superávit que habían logrado en 2024, debido a recortes en las transferencias de la Nación. La disminución en la coparticipación y los envíos discrecionales ha afectado gravemente la capacidad de las provincias para mantener un equilibrio fiscal. Este contexto fiscal adverso podría tener implicancias para los inversores que buscan oportunidades en el mercado de bonos provinciales, ya que la falta de mejoras en las calificaciones podría limitar el acceso a financiamiento en condiciones favorables.

De cara al futuro, es fundamental monitorear cómo las provincias se adaptan a este nuevo entorno operativo y si logran implementar estrategias efectivas para mejorar su situación fiscal. La evolución de las calificaciones crediticias y la capacidad de las provincias para acceder a financiamiento en los mercados internacionales serán aspectos clave a seguir en los próximos meses. Además, la relación entre las provincias y el gobierno nacional en términos de transferencias y apoyo financiero será crucial para determinar la estabilidad fiscal de estas jurisdicciones en el corto y mediano plazo.