Recientemente, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, presentó un ambicioso proyecto de ley que busca establecer un marco legal para la creación de empresas gestionadas por inteligencia artificial (IA) en Argentina. Este anuncio ha generado un gran interés, ya que, de aprobarse, Argentina se convertiría en el primer país del mundo en contar con una legislación societaria de este tipo. El proyecto, que ingresó al Senado a fines de mayo con el número de expediente 193/26, ya ha comenzado a ser debatido en comisiones, aunque aún no se ha definido un dictamen. Sturzenegger ha señalado que la propuesta tiene como objetivo preparar el terreno para una economía donde, en diez años, una parte significativa del Producto Bruto Interno (PBI) sea generado por agentes de IA.

La propuesta de Sturzenegger incluye la creación de dos nuevas figuras legales: la Sociedad Automatizada, que operaría sin trabajadores en relación de dependencia, y la Sociedad Descentralizada Autónoma Operativa (DAO), que se gobernaría mediante código sobre blockchain. Esta iniciativa se inspira en el modelo irlandés, que ha demostrado ser exitoso al atraer inversiones extranjeras a través de un marco jurídico y fiscal favorable. Irlanda, por ejemplo, experimentó un crecimiento del 26% en su PBI cuando Apple trasladó su propiedad intelectual a ese país, capturando una porción significativa del valor económico generado por sus productos. La intención del gobierno argentino es posicionar al país como un centro atractivo para empresas automatizadas, similar a lo que Irlanda logró en Europa.

Sin embargo, el proyecto ha suscitado diversas opiniones y críticas, incluso de figuras destacadas como el historiador Yuval Noah Harari, quien advirtió sobre los riesgos de otorgar personalidad jurídica a los modelos de IA. La discusión sobre la responsabilidad legal en caso de daños causados por sistemas autónomos es uno de los puntos más controvertidos. Actualmente, el Código Civil y Comercial argentino establece que el dueño o guardián de un objeto es responsable de los daños que este cause. En contraste, el nuevo proyecto propone que la sociedad automatizada responda con su patrimonio por los daños, lo que podría generar un vacío en la rendición de cuentas si el algoritmo falla y no se puede identificar a un responsable humano.

Desde el Ministerio de Desregulación, se enfatiza que el marco legal propuesto busca evitar regulaciones prematuras que puedan limitar la innovación. Esto se traduce en una baja tasa impositiva y la posibilidad de elegir el derecho de gobernanza interna, lo que podría atraer a empresas que operan en otros países. Sin embargo, la falta de claridad sobre cómo se resolverán los conflictos internos y la posibilidad de que parte de la litigiosidad no pase por tribunales argentinos son aspectos que deben ser considerados con atención. La arquitectura legal que se establezca tendrá un impacto directo en la confianza de los inversores y en la viabilidad de estas nuevas empresas.

A medida que avanza el debate en el Senado, será crucial observar cómo se desarrollan las discusiones en torno a la responsabilidad legal y la regulación de la IA. La fecha de aprobación del proyecto aún es incierta, pero el gobierno argentino está decidido a posicionar al país en la vanguardia de la innovación tecnológica. Con el avance de la automatización y la IA, Argentina podría convertirse en un referente en la región, atrayendo inversiones y talento en un sector que promete transformar la economía global en los próximos años.