La Cámara Penal Económico ha decidido mantener al juez Diego Amarante a cargo de la investigación que involucra a Pablo Toviggino y Claudio "Chiqui" Tapia, altos directivos de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA). Esta decisión se produce en un contexto donde se investiga una presunta evasión fiscal que supera los 19.300 millones de pesos. La defensa de Toviggino había solicitado la recusación del juez, pero el tribunal determinó que no había pruebas suficientes que indicaran animosidad o parcialidad por parte de Amarante.

El caso ha cobrado relevancia no solo por la magnitud de la evasión fiscal, sino también por las implicaciones que tiene para la AFA y su imagen pública. La investigación se inició tras una denuncia presentada en diciembre de 2025 por miembros de la Coalición Cívica, quienes señalaron un posible esquema de lavado de activos que incluiría la compra de bienes de lujo, como autos de alta gama y propiedades. La AFA, que ha estado bajo el escrutinio público por su gestión financiera, ahora enfrenta un desafío adicional con esta investigación en curso.

La causa ha evolucionado con el tiempo, sumando elementos que complican aún más la situación de Toviggino y Tapia. Recientemente, se ha ampliado la investigación para incluir el uso de facturas falsas por un monto superior a los 900 millones de pesos, lo que podría agravar las acusaciones en su contra. Además, la compra de una mansión en Pilar, que supuestamente fue adquirida con fondos relacionados a la AFA, ha sido objeto de análisis, ya que se estima que su valor real es de 17 millones de dólares, mientras que fue comprada por solo 1,8 millones de dólares.

Para los inversores y analistas del mercado argentino, este caso representa un punto de atención importante. La AFA, como entidad que maneja grandes sumas de dinero en el fútbol argentino, podría enfrentar repercusiones financieras significativas si se confirman las acusaciones de evasión fiscal. Esto podría impactar en la confianza de los patrocinadores y en la percepción pública de la organización, lo que a su vez podría influir en el rendimiento de las acciones de empresas vinculadas al deporte.

A medida que la investigación avanza, es crucial observar cómo se desarrollan los eventos en torno a la AFA y sus directivos. La Cámara Federal de Casación Penal ha decidido que el caso continúe en el fuero Penal Económico, lo que sugiere que se están tomando en serio las acusaciones. Los próximos meses serán decisivos, ya que se espera que se presenten más pruebas y que se realicen audiencias que podrían arrojar más luz sobre la situación financiera de la AFA y sus directivos.