En un seminario celebrado el 18 de junio de 2026 en la sede de la Federación de Industrias del Estado de São Paulo (Fiesp), representantes de sectores económicos afectados por el comercio ilegal abogaron por una mayor colaboración entre el sector público y privado para combatir la infiltración del crimen organizado. Emerson Kapaz, presidente del Instituto Combustible Legal (ICL), destacó la importancia de esta alianza al mencionar la Operación Carbono Oculto, que desarticuló una red de lavado de dinero y evasión fiscal en el sector de combustibles. Esta operación, que resultó en la incautación de varios buques cargados con combustibles, subraya la necesidad de una respuesta coordinada para proteger a las empresas que operan dentro del marco legal y asegurar la recaudación de impuestos.

Kapaz enfatizó que la colaboración entre el ICL y la Receita Federal fue crucial para manejar la situación de los combustibles incautados, lo que permitió una rápida respuesta ante la incapacidad del fisco para almacenar y gestionar las grandes cantidades de combustible confiscado. Esta acción no solo representa un avance en la lucha contra el crimen organizado, sino que también ha servido como un punto de inflexión para el sector, que se siente cada vez más amenazado por la competencia desleal del mercado ilegal. La unión de ocho entidades nacionales que anteriormente no colaboraban ha sido fundamental para visibilizar el problema del crimen organizado en el mercado.

Por otro lado, André Faissal, consultor de la Asociación Brasileña de la Industria del Tabaco (Abifumo), también subrayó la importancia de la cooperación entre el sector privado y las autoridades. Faissal mencionó que el tabaco producido en Brasil enfrenta una carga tributaria de entre el 80% y el 90%, en comparación con solo el 13% del tabaco contrabandeado desde Paraguay. Esta diferencia de precios, que puede alcanzar hasta un 40%, incentiva el contrabando y afecta la competitividad de las empresas legales. Además, destacó que de los 50 mil millones de cigarrillos producidos anualmente en Paraguay, solo dos mil millones son consumidos en ese país, lo que indica un flujo significativo hacia otros mercados, incluido Brasil.

La creciente presión fiscal sobre el sector del tabaco podría agravar aún más la situación, ya que Faissal advirtió que el aumento de impuestos podría llevar a un incremento en el contrabando. Esto plantea un desafío adicional para las empresas que operan legalmente, ya que se ven obligadas a competir con productos que no cumplen con las regulaciones fiscales y de calidad. La falta de cumplimiento normativo por parte de las organizaciones involucradas en el comercio ilegal les permite operar sin restricciones, lo que distorsiona el mercado y pone en riesgo la viabilidad de las empresas legítimas.

En el contexto argentino, donde el comercio ilegal también representa un desafío significativo, la situación en Brasil puede ofrecer lecciones sobre la importancia de la colaboración público-privada. La experiencia brasileña podría inspirar a sectores en Argentina a buscar alianzas similares para enfrentar el contrabando y la evasión fiscal. A medida que se desarrollan nuevas políticas y se implementan medidas para combatir el comercio ilegal, será crucial observar cómo estas iniciativas impactan en la competitividad de las empresas y en la recaudación fiscal en ambos países. Las próximas semanas serán clave para evaluar el efecto de estas colaboraciones en el mercado.

La lucha contra el comercio ilegal en Brasil y su impacto en los sectores económicos es un tema que merece atención, no solo por sus implicaciones locales, sino también por su posible repercusión en la región. El fortalecimiento de la cooperación entre el sector público y privado podría ser un modelo a seguir para otros países de América Latina que enfrentan desafíos similares. La evolución de esta situación será un factor importante a monitorear en los próximos meses, especialmente en relación con las políticas fiscales y la regulación del comercio en la región.