El gobierno chileno presentó oficialmente un proyecto de sala cuna universal ante la comisión de Educación del Senado, destacando que la nueva fórmula de financiamiento no compromete la sustentabilidad de los fondos de cesantía. El ministro del Trabajo, Tomás Rau, explicó que se creará un Fondo de Sala Cuna financiado por una cotización del empleador del 0,35%, que será compensada con una reducción en la cotización al Seguro de Cesantía (SC). Esta medida apunta a no afectar el stock actual de dinero acumulado en el SC, sino a modificar el flujo de pagos futuros de los empleadores.

La propuesta implica una reducción de 0,2% en la tasa de cotización destinada a las cuentas individuales de cesantía (CIC) y una reducción de 0,15% al Fondo de Cesantía Solidario (FCS). Rau enfatizó que la implementación de este proyecto no generará un costo adicional para los empleadores, aunque reconoció que una menor cotización mensual podría resultar en una acumulación futura inferior en los fondos de cesantía. Este enfoque busca aliviar la carga financiera de las empresas sin comprometer la estabilidad de los fondos existentes.

Un estudio de la Superintendencia de Pensiones, que se presentó durante la sesión, concluyó que el proyecto no compromete la sustentabilidad a largo plazo del FCS. A través de un modelo de micro-datos, se proyectó que, aunque el patrimonio del FCS podría caer, no se pondría en riesgo su sustentabilidad. Para diciembre de 2035, se estima que el patrimonio alcanzaría aproximadamente $4.944.953 millones, lo que representa un 23,3% menos que en un escenario base sin la implementación de esta ley. Asimismo, se anticipa que los saldos acumulados en las CIC también se verían afectados, alcanzando un total de $14.551.195 millones, un 7,4% inferior al escenario base.

Este proyecto se enmarca en un contexto más amplio de reformas en el sistema de pensiones y seguros de cesantía en Chile. La propuesta busca modernizar la regulación existente, que ha estado vigente durante más de un siglo, y que considera un impuesto a la contratación de mujeres. Además, se propone la creación de una comisión técnica que estudie los costos de las salas cuna y proponga aranceles diferenciados para distintas regiones, lo que podría facilitar el acceso a este servicio esencial para las familias trabajadoras.

A futuro, es crucial observar cómo se desarrollan las discusiones en el Senado y si se presentarán ajustes al proyecto original. La Dirección de Presupuestos (Dipres) tiene previsto presentar más detalles financieros, lo que podría influir en la percepción del mercado sobre la viabilidad de esta iniciativa. La gradualidad de cuatro años establecida en el proyecto también permitirá evaluar la respuesta del sector privado a la creciente demanda de servicios de sala cuna, lo que podría tener implicaciones significativas para el empleo y la economía en general.