La controversia sobre las proyecciones fiscales en Chile ha cobrado fuerza tras las declaraciones del Ministerio de Hacienda, que reveló que el gobierno anterior no incluyó una deuda de aproximadamente US$10.500 millones en sus informes para el periodo 2026-2030. Esta omisión, al ser corregida, podría llevar la deuda pública a superar el límite del 45% del PIB, alcanzando un 45,4% en 2028 y un alarmante 46,5% en 2030. Jorge Quiroz, actual titular de Hacienda, ha calificado esta inconsistencia como de 'relevancia sustantiva' y ha anunciado el inicio de una investigación interna para esclarecer el asunto.

Los expertos han señalado que, aunque no se puede considerar un 'error' en los cálculos de la administración anterior, sí existen serias dudas sobre los supuestos utilizados para estimar la trayectoria de la deuda pública. En particular, se han enfocado en los cambios significativos en los informes de Finanzas Públicas (IFP) entre el tercer y cuarto trimestre de 2025. Estos informes incluyen un cuadro de 'fuentes y usos de financiamiento', que es crucial para entender la evolución de la deuda y el déficit fiscal.

Un aspecto clave en la discusión es el 'Otorgamiento neto de préstamos', que ha disminuido en $3,9 billones entre los informes analizados. Este rubro incluye la entrega de préstamos para proyectos de vivienda, que son esenciales para las familias de sectores vulnerables. La reducción en la recuperación de estos préstamos ha llevado a una menor necesidad de financiamiento, lo que complica aún más la proyección de la deuda.

Otro ítem que ha generado preocupación es el de 'Flujos de consolidación', que también ha mostrado una disminución significativa de $5,5 billones. Este saldo contable es fundamental para entender cómo se está manejando la deuda bruta y cómo las variaciones en el tipo de cambio pueden afectar la proyección de la deuda. Además, el aumento en 'Activos del Tesoro', que subió en $1,7 billones, plantea interrogantes sobre la capacidad del gobierno para utilizar estos activos de manera efectiva.

A medida que la situación fiscal se deteriora, el riesgo de estrés fiscal aumenta, lo que podría tener implicaciones serias para la economía chilena y, por ende, para la región. Los inversores deben estar atentos a las próximas decisiones del gobierno y a cómo se desarrollará la investigación sobre las proyecciones de deuda. La situación fiscal de Chile no solo afecta su economía interna, sino que también puede influir en la percepción de riesgo en toda América Latina, especialmente en un contexto donde Brasil y otros países de la región están lidiando con sus propios desafíos económicos.