El Consejo Privado de Competitividad (CPC) ha emitido un informe que indica que Perú podría enfrentar un déficit fiscal del 2.1% del Producto Bruto Interno (PBI) para el año 2026. Esta cifra, aunque es una mejora respecto a las proyecciones del año anterior, sigue superando el límite establecido por el Poder Ejecutivo, que es de 1.8% del PBI. La encuesta de expectativas fiscales revela que el 63% de los especialistas creen que el déficit se acercará a la meta, mientras que un 33% anticipa que será mayor, lo que refleja una preocupación generalizada sobre la sostenibilidad fiscal del país en los próximos años.

Las proyecciones a mediano plazo son aún más alarmantes, con un déficit fiscal estimado del 2.1% para 2027 y del 2% para 2028 y 2029. Esto contrasta con las reglas fiscales que establecen un límite de 1.4% del PBI para el próximo año y un objetivo de convergencia al 1% a partir de 2028. Entre las razones que alimentan estas preocupaciones se encuentran las presiones de gasto, las leyes aprobadas por el Congreso y la incertidumbre sobre la gestión del nuevo Gobierno. En particular, se destaca el impacto fiscal de las 287 leyes promulgadas entre agosto de 2021 y abril de 2026, que han tenido efectos adversos significativos sobre las cuentas públicas.

El gasto del Estado en Perú ha alcanzado cifras preocupantes, superando los S/ 76,049 millones en remuneraciones. A pesar de que el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) proyecta que el gasto se mantendrá en un 14% del PBI, las estimaciones de la encuesta sugieren que este indicador podría alcanzar hasta un 15.1% en 2027. Esto indica que los expertos ven dificultades crecientes para contener el gasto corriente, que se ve afectado por la rigidez estructural en remuneraciones y pensiones, así como por presiones políticas y sociales.

Para los inversores, el incumplimiento prolongado de las metas fiscales podría generar una percepción negativa sobre la estabilidad económica del país. La situación de Petroperú, que enfrenta un esquema de financiamiento de hasta US$ 2,000 millones, también es un factor de riesgo. Un eventual apoyo adicional a la petrolera estatal podría tener un impacto fiscal significativo, lo que podría afectar la confianza de los inversionistas y la calificación crediticia del país. La gestión prudente del gasto por parte del nuevo Gobierno será crucial para evitar un deterioro en la percepción del riesgo país.

A medida que se acercan las elecciones, la expectativa es que los analistas ajusten sus proyecciones en función de las decisiones del nuevo Gobierno. Actualmente, Keiko Fujimori lidera las encuestas, y su propuesta de crecimiento del 6% podría facilitar el cumplimiento de las metas fiscales, siempre que se implementen políticas que promuevan la inversión privada. La capacidad del nuevo Gobierno para controlar el gasto y evitar más salvatajes a empresas estatales será fundamental para mejorar las expectativas fiscales en el futuro cercano.