La Asociación de Bodegueros del Perú y la Asociación de Gremios Pymes-Perú han solicitado al Congreso la aprobación del proyecto de ley 536, que busca que cualquier modificación en las tasas del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) sea competencia exclusiva del Parlamento. Este pedido surge como respuesta a la preocupación de los comerciantes ante los incrementos unilaterales que el Ejecutivo puede implementar a través de decretos supremos, lo que afecta directamente la operativa de micro y pequeñas empresas (mype) en el país.

Andrés Choy, presidente de la Asociación de Bodegueros del Perú, ha manifestado que cada vez que el gobierno desea incrementar impuestos, recurre al ISC, lo que evita la discusión parlamentaria. Este mecanismo ha llevado a que los contribuyentes sufran las consecuencias de decisiones que no pasan por un debate democrático, lo que genera desconfianza y falta de predictibilidad en el entorno económico. En un contexto donde las pequeñas empresas representan el 95% de las 2.5 millones de unidades productivas en Perú, la estabilidad fiscal es crucial para su supervivencia.

Los comerciantes argumentan que las alzas en el ISC no solo incrementan los precios de los productos, sino que también afectan la demanda. Choy explicó que cuando los precios suben, los consumidores tienden a comprar menos, lo que a su vez reduce la recaudación fiscal y fomenta la economía informal. Este fenómeno se ve agravado por el contrabando, que se convierte en una alternativa más económica para los consumidores, perjudicando aún más a los negocios formales que cumplen con sus obligaciones tributarias.

Además, la situación se complica con la percepción del Impuesto General a las Ventas (IGV), que retiene fondos líquidos de las empresas, afectando su capital de trabajo. Julio Surco, presidente de PYME Perú, ha señalado que el cobro anticipado de este tributo no solo limita la liquidez de las empresas formales, sino que también podría ser un factor que impulse a más negocios hacia la informalidad. En este sentido, la propuesta de ampliar la base tributaria incorporando a la economía informal se presenta como una solución más viable que simplemente aumentar la presión fiscal sobre quienes ya están formalizados.

La inseguridad también representa un desafío significativo para los bodegueros. Choy ha revelado que el 99% de sus agremiados ha sido víctima de extorsiones por parte de bandas criminales, lo que pone en riesgo la operación de estos comercios. La falta de acción efectiva por parte del gobierno para abordar este problema ha llevado a un clima de miedo e incertidumbre entre los propietarios de bodegas, quienes sienten que no cuentan con el respaldo necesario para operar con tranquilidad.

A medida que el Congreso debate el proyecto de ley 536, es fundamental que los inversores y empresarios en la región monitoreen de cerca el desarrollo de esta situación. La aprobación de esta ley podría sentar un precedente importante en la relación entre el gobierno y los contribuyentes, afectando la forma en que se implementan futuras políticas fiscales. Además, la situación de la economía informal y la seguridad en el comercio serán factores clave a seguir en los próximos meses, especialmente en un contexto donde la estabilidad económica es esencial para el crecimiento del sector.