Los exministros de Hacienda de Chile, Ignacio Briones y Mario Marcel, han hecho un llamado a la creación de una mesa técnica para discutir la megarreforma impulsada por el gobierno del Presidente José Antonio Kast. En un reciente pódcast, ambos coincidieron en que la falta de confianza entre el oficialismo y la oposición es uno de los principales obstáculos para avanzar en esta discusión, advirtiendo que la situación fiscal del país podría verse comprometida si no se aborda adecuadamente. Marcel subrayó que es fundamental establecer un espacio de diálogo que permita a ambas partes llegar a acuerdos en un clima de desconfianza generalizada.

El contexto actual en Chile es complejo, ya que el proyecto de reforma se encuentra en tramitación en el Senado y, según los exministros, podría incrementar las presiones sobre las cuentas públicas durante varios años. Briones destacó que el déficit fiscal se proyecta hasta el año 2031, lo que añade estrés a las finanzas públicas. Ambos exministros señalaron que la responsabilidad fiscal se ha convertido en un tema de disputa política, lo que complica aún más la situación. La falta de un consejo de exministros de Hacienda para discutir la iniciativa fue también un punto de crítica, ya que podría haber facilitado un debate más constructivo.

La acusación constitucional presentada contra Nicolás Grau, exministro de Hacienda, también fue objeto de discusión. Marcel advirtió que judicializar diferencias técnicas en proyecciones económicas podría tener efectos adversos en la toma de decisiones de futuros ministros de Hacienda, quienes podrían volverse más cautelosos en momentos que requieren audacia. Briones coincidió en que abrir la puerta a acusaciones constitucionales podría restringir la capacidad de acción de los ministros, afectando la conducción económica del país. Ambos exministros coincidieron en que la reputación de Chile en el ámbito internacional podría verse afectada por estas controversias.

Desde una perspectiva de inversión, la incertidumbre generada por la megarreforma y la acusación constitucional podría tener repercusiones en la confianza de los inversores. Briones mencionó que si los inversionistas perciben un riesgo de deterioro en la situación fiscal, podrían optar por no invertir, lo que afectaría el crecimiento económico. Además, un deterioro en la clasificación de riesgo soberano podría aumentar los costos de endeudamiento para el Estado y para la economía en general, lo que podría repercutir en el mercado argentino, dado que ambos países comparten vínculos económicos.

A futuro, será crucial observar cómo avanza la discusión legislativa sobre la megarreforma y si se establece la mesa técnica propuesta por los exministros. La respuesta del gobierno ante la acusación constitucional contra Grau también será un factor determinante en la estabilidad política y económica del país. La situación fiscal y la confianza del mercado serán aspectos a monitorear en los próximos meses, especialmente con las elecciones presidenciales que se aproximan en Chile, lo que podría influir en la dirección de las políticas económicas.