El sistema crediticio argentino enfrenta un estancamiento significativo, con un crecimiento nominal del crédito en pesos que apenas ha alcanzado un 33% en el último año, en línea con la inflación acumulada. A mediados de junio de 2025, el stock total de préstamos desembolsados por los bancos se situaba en aproximadamente $97,5 billones, un aumento que contrasta drásticamente con las tasas de expansión superiores al 100% que se registraban hace un año. Este estancamiento se ha visto agravado por una caída del 0,8% en junio y una disminución más pronunciada del 7,6% en la financiación de consumos mediante tarjetas de crédito, lo que indica una contracción en la capacidad de los consumidores para acceder a financiamiento.

La situación se ha vuelto crítica debido a la normativa vigente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), que impone criterios estrictos para la clasificación de deudores. Esta regulación, conocida como el “efecto arrastre”, establece que si un deudor presenta atrasos que representan el 40% o más de su pasivo total, todas las entidades deben degradar su calificación interna. Esto ha llevado a que los niveles de mora se inflen artificialmente, dificultando la normalización de las calificaciones y, por ende, la concesión de nuevos préstamos, especialmente a individuos y familias, que son los más afectados.

Los analistas coinciden en que la rigidez de estos criterios está creando un círculo vicioso que impide la recuperación del crédito. Actualmente, 5,3 millones de personas, lo que representa el 27% de quienes tienen algún tipo de financiamiento, enfrentan problemas para pagar sus préstamos. Este fenómeno es particularmente alarmante entre los jóvenes menores de 30 años, quienes son los más vulnerables a la crisis económica y a la presión de la inflación, que ha erosionado su poder adquisitivo.

El presidente del BCRA, Santiago Bausili, ha descartado la posibilidad de implementar planes generales de refinanciación de préstamos en mora, argumentando que los bancos deben esperar a que la mora alcance un pico y comience a disminuir. Sin embargo, esta postura ha generado preocupación en el sector bancario, que teme que la falta de ajustes normativos impida una recuperación efectiva del crédito. Los bancos sostienen que, sin cambios en la normativa, no habrá una reactivación del crédito a las familias, lo que podría tener consecuencias negativas para la economía en su conjunto.

A futuro, es crucial observar si el BCRA reconsiderará sus políticas de clasificación de deudores, ya que esto podría facilitar la refinanciación de deudas y, en consecuencia, reactivar el flujo de crédito. La situación actual, marcada por tasas de interés elevadas y un entorno macroeconómico incierto, sugiere que cualquier cambio en la normativa podría ser un paso necesario para aliviar la carga de los deudores y fomentar un entorno más propicio para la recuperación económica. Los próximos meses serán decisivos para determinar si se implementan ajustes que permitan una mejora en la oferta de crédito y, por ende, en la actividad económica del país.