Venezuela ha firmado un acuerdo con la empresa argentina Impsa para reanudar las obras de la represa hidroeléctrica de Tocoma, que habían estado paralizadas desde mediados de la década de 2000. Este acuerdo, que se formalizó el pasado sábado, tiene como objetivo sumar 2.640 megavatios (MW) a la red eléctrica del país, que ha enfrentado severas crisis de suministro en los últimos años. La empresa mendocina, que fue privatizada recientemente bajo la gestión del presidente Javier Milei, había estado bajo control estatal hasta 2021, cuando fue estatizada durante el gobierno de Alberto Fernández.

Impsa, que tiene más de un siglo de historia y presencia en 40 países, fue adquirida por el consorcio Industrial Acquisitions Fund (IAF) en febrero de 2025. Este consorcio, que incluye a la estadounidense ARC Energy como socio principal, se hizo cargo de una deuda de aproximadamente 576 millones de dólares, que fue reestructurada en octubre del año pasado. El acuerdo con Venezuela se considera un paso significativo para la recuperación de la empresa, que había enfrentado problemas de pago y sanciones por parte de Estados Unidos que habían dejado equipamiento varado en Mendoza.

El director ejecutivo de Impsa, Jorge Salcedo, explicó que la reanudación de las obras se llevará a cabo mediante una adenda a contratos existentes con el gobierno venezolano. En la primera fase del proyecto, se repararán tres turbinas de 80 MW en la central de Macagua, y se instalarán dos unidades de 216 MW en Tocoma. La segunda fase del proyecto podría añadir otros 1.968 MW, lo que, aunque representa solo el 2% de la capacidad instalada del país, es un inicio crucial para la reconstrucción de la red eléctrica venezolana.

La situación actual de la red eléctrica en Venezuela es crítica, con cortes diarios de luz que afectan a diversas regiones, incluida la capital, Caracas. En este contexto, el gobierno venezolano ha aprobado recientemente una reforma de la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico, que abre el sector a la inversión privada, permitiendo a las empresas generar, distribuir y comercializar energía mediante concesiones estatales. Este cambio legislativo podría atraer más inversiones en el sector energético, lo que es vital para la recuperación económica del país.

Para los inversores argentinos, este acuerdo representa una oportunidad de observar cómo la privatización y la inversión extranjera pueden influir en la recuperación de empresas locales y en su expansión en mercados internacionales. La capacidad de Impsa para cumplir con sus compromisos en Venezuela podría establecer un precedente para futuras inversiones argentinas en la región. A medida que se desarrollen las obras, será importante monitorear el impacto de las sanciones estadounidenses y la respuesta del gobierno venezolano a la inversión privada en el sector energético.