El Gobierno argentino ha implementado recientemente medidas significativas para fortalecer la protección de la propiedad intelectual en el sector de semillas. Estas acciones incluyen la creación de un nuevo protocolo para la identificación varietal de semillas y la modificación de las normativas sobre patentabilidad biotecnológica. Con la Resolución Conjunta 3/2026, se establece que actores privados, como acopios y puertos, podrán realizar análisis para identificar la genética de las semillas, lo que busca mejorar el control sobre el uso ilegal de variedades protegidas y garantizar el cobro de regalías a los obtentores.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, ha defendido estas iniciativas, argumentando que la falta de protección efectiva ha llevado a un estancamiento tecnológico en la agricultura argentina. En comparación, Brasil ha registrado 330 nuevas variedades de soja en el último año, mientras que Argentina solo ha logrado 23. Esta disparidad en la innovación se traduce en una brecha de productividad que afecta la competitividad del país en el mercado internacional.

Además de la resolución sobre identificación varietal, el Gobierno ha derogado normativas que limitaban la patentabilidad de eventos biotecnológicos, lo que podría facilitar la llegada de nuevas tecnologías al sector agrícola. La eliminación de la necesidad de aprobación previa de la Secretaría de Agricultura para modificaciones en la patentabilidad de materia viva es un paso que, según la industria semillera, estaba pendiente desde hace 25 años. Esto podría abrir la puerta a un mayor desarrollo de biotecnología en Argentina, alineando al país con estándares internacionales.

Sin embargo, el camino hacia una nueva Ley de Semillas y la adhesión a UPOV 91 no está exento de desafíos. La discusión sobre el uso propio de semillas, que permite a los productores reservar parte de su cosecha para resembrarla sin pagar regalías, sigue siendo un punto de conflicto. Organizaciones como Carbap han cuestionado la atribución de la brecha productiva exclusivamente a cuestiones genéticas, señalando que factores como la presión impositiva y la infraestructura también juegan un papel crucial en los rendimientos agrícolas.

A futuro, el Gobierno argentino y las entidades rurales continuarán trabajando en la construcción de consensos para llevar una propuesta al Congreso. La Asociación Semilleros Argentinos ha enfatizado que la adopción de UPOV 91 es esencial para recuperar competitividad y atraer inversiones en genética vegetal. La situación actual presenta una oportunidad para que Argentina reevalúe su enfoque hacia la propiedad intelectual en el sector agrícola, lo que podría tener un impacto significativo en la productividad y la innovación en los próximos años.