El ministerio de Transportes de Chile, liderado por Louis De Grange, ha enfrentado un inesperado revés tras la decisión de la Contraloría de rechazar un decreto que buscaba reducir las exigencias técnicas para los taxis. Este rechazo se dio a conocer el 10 de junio y afecta directamente a la Ley de Empresas de Aplicaciones de Transporte, conocida popularmente como Ley Uber, ya que las modificaciones propuestas homologa las exigencias técnicas entre taxis y vehículos de aplicaciones. La Contraloría argumentó que no se presentaron fundamentos suficientes para justificar la disminución de los estándares técnicos, lo que podría impactar la calidad del servicio que reciben los ciudadanos.

El decreto en cuestión pretendía flexibilizar las antigüedades de los vehículos utilizados como taxis, así como eliminar requisitos de cilindrada y potencia del motor. Estas modificaciones, según el gobierno, buscaban mejorar la movilidad de los usuarios, pero la Contraloría ha señalado que tales cambios podrían perjudicar tanto a los conductores de taxis como a los de aplicaciones, además de afectar a los pasajeros. La Contraloría también criticó que las modificaciones no fueron sometidas a consulta pública, lo que genera dudas sobre la transparencia del proceso.

Históricamente, el sector del transporte en Chile ha estado marcado por tensiones entre los taxis tradicionales y las aplicaciones de transporte. La Ley Uber, que fue aprobada durante la administración anterior, estableció un marco regulatorio que buscaba equilibrar estas tensiones, pero la propuesta de De Grange parece haber reabierto el debate. En abril, el ministro había manifestado su intención de modificar el reglamento, a pesar de que este ya contaba con la aprobación de la Contraloría anterior, lo que ha generado críticas sobre la falta de continuidad en las políticas públicas.

Desde el punto de vista de los inversores, este conflicto puede tener repercusiones en el mercado de acciones de empresas de transporte, como Uber. Si la Contraloría mantiene su postura y el ministerio no logra presentar argumentos sólidos que respalden las modificaciones, podría haber un impacto negativo en la percepción de estabilidad regulatoria en el sector. Además, el hecho de que el gobierno deba presentar un nuevo documento a la Contraloría podría retrasar la implementación de la Ley Uber, lo que afectaría a los operadores de aplicaciones y a sus usuarios.

A futuro, es crucial monitorear cómo el ministerio de Transportes responderá a las exigencias de la Contraloría. Se espera que el ministerio presente nuevos antecedentes técnicos que justifiquen las modificaciones, y el plazo para esto podría ser un factor determinante en la evolución del sector. La situación también podría influir en las decisiones de inversión en el sector del transporte, tanto para taxis como para aplicaciones, en un contexto donde la regulación juega un papel clave en la competitividad del mercado.