El jefe de Gabinete argentino, Manuel Adorni, y su esposa, Bettina Angeletti, han formalizado su adhesión al Régimen Simplificado de Impuesto a las Ganancias. Esta decisión les permite regularizar su situación tributaria ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), evitando que se examine su ecuación patrimonial de años anteriores. Al presentar sus ingresos y gastos de 2025 de manera ordenada, buscan eludir sanciones administrativas y potenciales denuncias penales por evasión fiscal.

El Régimen Simplificado no establece un límite en la cantidad de dinero que se puede declarar, lo que significa que Adorni y Angeletti podrían incluir montos significativos sin justificar su origen. Este mecanismo ha sido objeto de controversia, especialmente porque la legislación reciente ha elevado los umbrales de evasión fiscal y no ha excluido a los familiares de funcionarios de los beneficios de regularización. Expertos en derecho tributario sugieren que la elección de este régimen podría ser una estrategia para evitar acusaciones más graves, como el lavado de dinero.

La presión pública sobre Adorni ha aumentado, impulsada por la expectativa de que presente su declaración jurada patrimonial. La falta de transparencia en su situación fiscal ha generado críticas tanto de la oposición como de sectores aliados. A pesar de que el Régimen Simplificado permite una presentación más ágil, los expertos advierten que no exime a los funcionarios de justificar la legalidad de los fondos que declaran, especialmente ante la Unidad de Información Financiera (UIF).

El uso de este régimen plantea interrogantes sobre la legitimidad de los fondos que Adorni y Angeletti buscan regularizar. Aunque el gobierno ha insistido en que no se trata de un blanqueo de capitales, la percepción pública es diferente. La posibilidad de que los fondos provengan de actividades no declaradas o de criptomonedas añade una capa de complejidad a la situación. La falta de claridad sobre el origen de su patrimonio podría tener repercusiones en su imagen pública y en la confianza en el gobierno.

A futuro, será crucial observar cómo Adorni y Angeletti presentan su declaración y si logran mantener la transparencia que la situación exige. La fecha límite para la presentación de la declaración jurada de 2025 se aproxima, y cualquier irregularidad podría resultar en un escrutinio aún mayor. Además, el impacto de esta situación podría influir en la percepción del gobierno y en la confianza de los inversores en el contexto económico argentino, que ya enfrenta desafíos significativos, incluyendo la inflación y la devaluación del peso.