El Hyperliquid Policy Center y la firma de capital de riesgo Paradigm han solicitado al Departamento del Tesoro de EE.UU. una revisión de las reglas propuestas para el lavado de dinero en virtud de la Ley GENIUS, argumentando que estas son demasiado restrictivas para los emisores de stablecoins. En una carta enviada el martes, ambos grupos señalaron que las obligaciones del mercado secundario deberían ser aclaradas o restringidas para evitar consecuencias no deseadas en la infraestructura de blockchain sin permisos y en el ecosistema de finanzas descentralizadas (DeFi).

La Ley GENIUS, firmada por el expresidente Donald Trump, establece un marco regulatorio para los emisores de stablecoins, exigiendo que tengan la capacidad de bloquear, congelar o rechazar transacciones que violen las leyes o sanciones de EE.UU. en ambos mercados, primario y secundario. Sin embargo, Hyperliquid y Paradigm argumentan que esto implica responsabilidades que los emisores no pueden controlar efectivamente, especialmente en el mercado secundario, donde solo tienen visibilidad de las billeteras y transacciones, no de las partes involucradas.

Este debate se produce en un contexto más amplio, donde el Senado de EE.UU. está considerando un proyecto de ley de criptomonedas que podría incluir reglas adicionales para los emisores de stablecoins. Este proyecto, conocido como la Ley CLARITY, busca eliminar la responsabilidad de los desarrolladores de plataformas de criptomonedas en relación con el cumplimiento de las normas de lavado de dinero y sanciones. La discusión sobre esta legislación es crucial, ya que algunos legisladores están presionando para que se realice una votación completa en el Senado antes de las elecciones de noviembre.

Las implicancias de estas regulaciones son significativas para el ecosistema de criptomonedas. Si se implementan las reglas propuestas, los emisores de stablecoins podrían verse incentivados a operar únicamente en entornos autorizados, lo que podría llevar a una disminución de la participación de stablecoins reguladas en el espacio DeFi. Esto podría crear un vacío que sería llenado por alternativas no reguladas y offshore, lo que a su vez podría aumentar los riesgos de lavado de dinero y otras actividades ilícitas en el sector.

A medida que se acerca la fecha de implementación de la Ley GENIUS, prevista para enero de 2027, es esencial que los inversores y operadores de criptomonedas estén atentos a los desarrollos en el Senado y a cómo se implementarán estas regulaciones. La evolución de estas normativas podría tener un impacto directo en la forma en que se desarrollan y utilizan las stablecoins, afectando tanto a los emisores como a los usuarios en el mercado global de criptomonedas.