El Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) de Brasil ha señalado que el gobierno federal ha estado subestimando los gastos destinados a la prevención y combate de desastres naturales. Esta práctica ha permitido al Ejecutivo liberar recursos adicionales a través de créditos extraordinarios, un mecanismo que permite realizar gastos fuera de las normas fiscales habituales. Esta situación se ha vuelto un tema de preocupación, especialmente en el marco de la evaluación de las cuentas del gobierno para el año 2025, que se discutirá el 10 de junio.

Históricamente, el promedio de gastos en acciones de defensa civil ha sido de aproximadamente 1,6 mil millones de reales por año desde 2020. Sin embargo, el gobierno ha estado asignando solo la mitad de esta cifra en el presupuesto inicial, lo que ha llevado a la necesidad de abrir créditos extraordinarios para cubrir la diferencia. Esta estrategia, utilizada tanto por la administración actual de Luiz Inácio Lula da Silva como por su predecesor Jair Bolsonaro, ha sido criticada por su falta de transparencia y planificación adecuada.

El TCU argumenta que, aunque los desastres naturales son imprevisibles, la frecuencia de estos eventos ha aumentado significativamente. Por lo tanto, el gobierno debería ajustar su presupuesto para reflejar mejor la realidad de los riesgos que enfrenta. En 2024, por ejemplo, el presupuesto original para acciones de defensa civil fue de solo 751 millones de reales, a pesar de que los gastos reales superaron los 3,1 mil millones de reales debido a la apertura de créditos extraordinarios. Este patrón de subestimación ha llevado a una dependencia excesiva de medidas de emergencia, lo que podría afectar la estabilidad fiscal del país.

Para los inversores, esta situación plantea un riesgo potencial. La falta de planificación adecuada podría resultar en fluctuaciones en los gastos públicos, lo que a su vez podría impactar en la confianza del mercado y en la calificación crediticia de Brasil. Además, la apertura de créditos extraordinarios podría llevar a un aumento en la deuda pública, lo que podría influir en las tasas de interés y en el costo del financiamiento para el sector privado. Los analistas sugieren que es crucial monitorear cómo el gobierno abordará estas críticas y si implementará cambios en su enfoque presupuestario en el futuro cercano.

A medida que se acerca la discusión sobre las cuentas de 2025, será importante observar si el gobierno toma medidas para ajustar su presupuesto en función de las recomendaciones del TCU. La forma en que se manejen estos gastos podría tener implicaciones significativas para la economía brasileña y, por ende, para los mercados regionales, incluyendo Argentina, que a menudo se ven afectados por las decisiones fiscales de su vecino del norte. La próxima reunión del TCU y la respuesta del gobierno serán eventos clave a seguir en las próximas semanas.