La morosidad bancaria en la provincia de Buenos Aires ha alcanzado niveles alarmantes, cuadruplicándose en el último año y afectando a 1 de cada 6 adultos argentinos. Según datos del Banco de la Provincia de Buenos Aires (BAPRO), la irregularidad en la cartera de familias subió del 2,9% en febrero de 2025 al 11,2% en febrero de 2026. Si se considera el segmento no bancario, la mora total se disparó de menos del 5% a más del 14% en el mismo período, marcando los peores registros en dos décadas. Esta situación refleja una crisis de deuda que se agrava con el tiempo, afectando la capacidad de consumo de los hogares y la recuperación económica del país.

El presidente del BAPRO, Juan Cuattromo, ha señalado que el problema de la morosidad no es solo un asunto microeconómico, sino que tiene raíces macroeconómicas. La morosidad es más pronunciada entre aquellos que perciben hasta cuatro salarios mínimos, con un notable incremento en la franja etaria de 18 a 24 años. Esto sugiere que el endeudamiento no se debe únicamente a decisiones erróneas de crédito, sino a una falta de ingresos y empleo en el mercado laboral. En este contexto, el uso del crédito ha pasado a ser un sustituto del ingreso perdido, lo que agrava aún más la situación financiera de las familias.

Un aspecto preocupante es el cambio en el comportamiento de gasto de los consumidores. Cuattromo destaca que ha habido un aumento en el uso de tarjetas de crédito para financiar compras en supermercados y farmacias, lo que indica que las familias están recurriendo al crédito para cubrir gastos esenciales del día a día. Este fenómeno se ha documentado desde 2024, cuando el crédito comenzó a actuar como un amortiguador ante la caída del salario real. Sin embargo, este alivio temporal ha llevado a un endeudamiento que ahora limita la capacidad de recuperación económica, ya que una parte de los futuros aumentos salariales se destinará a pagar deudas acumuladas en lugar de ser reinvertida en consumo.

El informe del BAPRO también señala que el aumento de tarifas de servicios públicos ha sido un factor central en esta crisis. En los últimos dos años, el incremento en los costos de gas y electricidad ha superado el crecimiento del salario mediano, lo que ha llevado a una contracción del ingreso disponible para los usuarios con subsidios, que se ha reducido en un 13,2%. Esta situación se agrava para aquellos sin subsidios, que han visto una caída del 11,7% en su ingreso disponible. La combinación de pérdida de ingresos, carga de servicios financieros y la disminución del salario real ha creado un círculo vicioso que dificulta la recuperación de las familias.

En cuanto a las pequeñas y medianas empresas (PyMEs), el impacto de la morosidad es igualmente grave. Los sectores de comercio, construcción e industria han experimentado un aumento significativo en la irregularidad de su cartera, con incrementos de 4,7 puntos porcentuales en comercio y 3,5 puntos en construcción. Esto refleja una caída en la actividad económica de entre el 2% y el 9% en estos sectores, lo que a su vez afecta la capacidad de las empresas para cumplir con sus obligaciones crediticias. La correlación entre la destrucción de empleo y la morosidad es directa, con provincias como Santa Cruz y Tierra del Fuego mostrando aumentos alarmantes en la morosidad en relación con la caída del empleo registrado.

Frente a este panorama, el BAPRO ha implementado una estrategia activa de refinanciación para ayudar a las familias y empresas afectadas. Cuattromo ha indicado que se están ofreciendo nuevos productos y una reducción del 50% en las tasas de interés para aquellos con ingresos menores a cuatro salarios mínimos. Además, en la Legislatura bonaerense se ha presentado un proyecto de ley para abordar el sobreendeudamiento, buscando establecer un procedimiento administrativo para su prevención y resolución. A medida que la situación económica continúa deteriorándose, es crucial monitorear las políticas económicas y los esfuerzos de refinanciación para evaluar su efectividad en la reducción de la morosidad y la recuperación del ingreso familiar.