El Senado argentino ha reanudado el debate sobre un nuevo marco legal para los biocombustibles, impulsado por la senadora Patricia Bullrich y la ex secretaria de Energía, Flavia Royón. Este proyecto busca elevar el corte obligatorio de biodiésel del 7,5% al 10% y el de bioetanol del 12% al 15%. La propuesta ha generado un intenso debate entre diferentes sectores, con el respaldo del Gobierno nacional y las grandes empresas exportadoras de biodiésel, pero también con críticas contundentes de las pequeñas y medianas empresas (pymes) elaboradoras, que advierten sobre una posible concentración del mercado.

Durante la discusión en las comisiones de Minería y Presupuesto, el secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González, defendió la iniciativa, argumentando que busca un equilibrio entre productores, consumidores y el Estado. Sin embargo, el costo del biodiésel sigue siendo superior al del gasoil fósil, lo que ha llevado a rechazar un aumento significativo en los porcentajes de mezcla. En contraste, el bioetanol se encuentra en niveles de precios similares a los de la nafta, lo que justificaría un aumento en su mezcla.

El Centro Azucarero Argentino (CAA) ha expresado su apoyo al proyecto, destacando que la industria sucroalcoholera considera esta ley como esencial para su sostenibilidad. Desde 2010, cuando se implementó el corte obligatorio con bioetanol, la producción ha crecido significativamente, con una inversión de más de 600 millones de dólares en mejoras tecnológicas y ambientales. Esta diversificación ha permitido que el sector se adapte y crezca, con un 50% de la producción azucarera destinada a consumo interno, un 26% a bioetanol y un 24% a exportaciones.

Sin embargo, las pymes del sector han manifestado su preocupación, argumentando que la apertura del mercado beneficiará a unas pocas grandes empresas, poniendo en riesgo su viabilidad. Federico Martelli, representante de la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (CEPREB), advirtió que la aprobación del proyecto podría resultar en el cierre de hasta 25 plantas y la pérdida de 1.500 empleos. Además, cuestionó la premisa de que la apertura del mercado reducirá los costos para los consumidores, sugiriendo que las diferencias de precios no son tan significativas como se plantea.

En el contexto regional, Argentina se encuentra rezagada en comparación con países como Brasil y Paraguay, que están avanzando hacia mezclas de biocombustibles superiores al 30%. La Cámara Argentina de Biocombustibles (Carbio) también ha respaldado la iniciativa, argumentando que el régimen actual distorsiona el mercado y excluye a las plantas más eficientes. A medida que se avanza en el debate, se espera una nueva jornada informativa en el Senado, donde se discutirán más propuestas y se buscará avanzar en la firma del dictamen.

El futuro del sector de biocombustibles en Argentina dependerá de cómo se resuelvan estas tensiones entre grandes y pequeñas empresas, así como de la capacidad del nuevo marco regulatorio para fomentar la inversión y la competencia. La próxima semana se espera que se realicen más exposiciones en el Senado, lo que podría definir el rumbo de esta legislación crucial para el sector energético y agrícola del país.