El economista Ricardo Arriazu, cercano al Gobierno de Javier Milei, ha elevado sus proyecciones sobre el superávit comercial de Argentina, estimando que podría alcanzar los US$ 20.000 millones en el presente año. Esta cifra representa un aumento significativo respecto a sus estimaciones iniciales de US$ 13.500 millones y refleja un comportamiento positivo en la balanza comercial durante los últimos 12 meses. Durante su intervención en el 'Tax & Legal Leadership Summit 2026', organizado por KPMG Argentina, Arriazu destacó que este ingreso masivo de divisas, especialmente proveniente de la agroindustria y el sector energético, se perfila como el motor de financiamiento para la economía nacional.

El optimismo de Arriazu se basa en la mejora de los indicadores económicos, que superan sus expectativas previas. Acompañando el superávit comercial, se prevé un saldo positivo en la cuenta corriente, lo que podría impulsar un crecimiento económico del 3,5% para este año. Sin embargo, el economista advirtió que la variación final dependerá del comportamiento de los argentinos en relación a la compra de dólares, un factor que podría influir en la estabilidad del mercado cambiario.

El contexto actual presenta una oportunidad única para Argentina, que ha tenido experiencias pasadas de ventanas de oportunidad que no se han capitalizado. Arriazu enfatizó la importancia de lograr una mejora genuina en la economía real para evitar repetir errores del pasado. En este sentido, la llegada de inversiones es fundamental, y los especialistas coinciden en la necesidad de implementar una reforma tributaria profunda que reduzca la presión impositiva y elimine distorsiones en el sistema fiscal.

La Subsecretaria de Ingresos Públicos, Claudia Balestrini, subrayó que el objetivo del Gobierno es diseñar un sistema tributario que no interfiera en las decisiones de inversión. La reciente reducción en los derechos de exportación e importación es un paso en esta dirección, pero se anticipa que la reforma buscará abordar inequidades en lugar de ofrecer dispensas particulares. La seguridad jurídica también se ha puesto en el centro del debate, con la aprobación de convenios para evitar la doble imposición con varios países, lo que podría facilitar el flujo de inversiones.

A pesar de estos avances, los expertos del sector privado han señalado que persisten desafíos estructurales en el sistema fiscal argentino. El impuesto a los Ingresos Brutos se ha consolidado como un factor significativo en el encarecimiento de bienes y servicios, con su incidencia aumentando del 54% al 60% en el último año. Esto indica que cualquier intento de reforma fiscal que busque mejorar la productividad y el desarrollo estará destinado al fracaso si no se aborda de manera decidida este impuesto provincial y la superposición de regímenes de recaudación locales. De cara al futuro, será crucial monitorear cómo se desarrollan estas reformas y su impacto en la economía real y en la atracción de inversiones.