A partir del 1 de junio, entran en vigor nuevas normas aprobadas por el Consejo Monetario Nacional (CMN) de Brasil, que restringen el uso del Fondo Garantidor de Créditos (FGC) por parte de las instituciones financieras. Esta medida se implementa en respuesta a la crisis que afectó al Banco Master, y tiene como objetivo evitar que los bancos utilicen la garantía del FGC para atraer inversiones mientras asumen riesgos excesivos. El FGC actúa como un seguro para los inversores, protegiéndolos en caso de quiebra o insolvencia de las entidades financieras, y su cobertura actual es de hasta R$ 250 mil por CPF o CNPJ, con un límite global de R$ 1 millón cada cuatro años.

La principal modificación introducida por estas nuevas reglas es la implementación de un “activo de referencia”, que los bancos deberán seguir para medir la calidad, liquidez y diversificación de los activos que mantienen. Este indicador busca asegurar que las entidades que captan recursos con la garantía del FGC cuenten con un patrimonio adecuado invertido en activos seguros, lo que contribuirá a la estabilidad del sistema financiero. Si una institución no cumple con los niveles exigidos, se verá obligada a destinar parte de sus recursos a la compra de títulos públicos federales, considerados inversiones de bajo riesgo.

Además de los nuevos indicadores de calidad de los activos, el CMN ha modificado el cálculo del patrimonio líquido ajustado, incorporando mecanismos adicionales de protección para las instituciones en momentos de crisis. Estas medidas son parte de un esfuerzo más amplio para reforzar la seguridad del sistema financiero brasileño y proporcionar mayor claridad sobre el nivel de protección que ofrece el FGC a los inversores.

Desde el Banco Central de Brasil se ha señalado que algunas entidades han llegado a depender en exceso de la garantía del FGC para captar recursos en el mercado, sin mantener activos suficientemente seguros para cumplir con sus obligaciones. Esto ha generado preocupaciones sobre la estabilidad del sistema y la necesidad de implementar regulaciones más estrictas para evitar riesgos sistémicos.

A partir de noviembre, se implementará una nueva medida que aumentará la transparencia en el sistema. Los bancos tendrán acceso a información más detallada sobre los inversores y las aplicaciones protegidas por el FGC. Esto permitirá a los reguladores y a los propios bancos tener una visión más clara de la situación financiera de las instituciones y de los riesgos asociados a sus operaciones. Para los inversores, esta mayor transparencia puede traducirse en una mejor comprensión de los riesgos involucrados en sus inversiones y en la solidez de las instituciones que utilizan el FGC como garantía.