El Gobierno argentino ha decidido, por segunda vez en lo que va del año, postergar el aumento mensual de los impuestos a los combustibles. Esta medida busca moderar el impacto de la reciente alza en los precios del petróleo sobre los valores de venta de naftas y gasoil. La postergación, que se formalizó a través del decreto 405/2026 publicado en el Boletín Oficial, se suma a la ya implementada en abril. Sin embargo, se prevé un leve incremento en los precios mínimos de adquisición del biodiésel y el bioetanol, que aumentarán un 2,76% y un 1,72%, respectivamente, aunque se estima que su impacto será limitado debido a su menor incidencia en el precio final del combustible.

La decisión de no incrementar los impuestos a los Combustibles Líquidos (ICL) y al Dióxido de Carbono (IDC) tiene como objetivo atenuar el efecto de la guerra en Medio Oriente sobre los precios de los combustibles en Argentina. Desde abril, YPF y otras compañías del sector han implementado una política de precios que busca no trasladar completamente a los consumidores los aumentos en la cotización del petróleo. El barril de Brent, que llegó a cotizar cerca de USD 120, se encuentra actualmente en torno a los USD 94, lo que ha llevado a las autoridades a buscar mecanismos de amortiguación para evitar un impacto inflacionario.

Históricamente, los impuestos a los combustibles en Argentina se actualizan trimestralmente, y la ley 23.966 establece que estos ajustes deben reflejar la inflación de cada período. Sin embargo, la suspensión de aumentos por parte del gobierno anterior y la actual postergación han llevado a una acumulación de ajustes pendientes. A finales de 2021, el entonces presidente Alberto Fernández decidió suspender estos aumentos para evitar un impacto inflacionario, lo que ha generado una situación compleja para la administración actual de Javier Milei, que ha intentado regularizar estos incrementos de manera gradual.

La postergación de los aumentos en los impuestos a los combustibles podría tener implicaciones significativas para la recaudación fiscal. En los primeros cinco meses de 2026, la recaudación por ICL y IDC superó los $2,5 billones, lo que representa un componente esencial en el presupuesto nacional. La falta de ajuste en estos impuestos podría afectar el objetivo del gobierno de consolidar un superávit financiero, ya que el presupuesto de 2026 fue diseñado con la expectativa de un incremento del 55% en estos tributos, cifra que es cinco veces mayor que el crecimiento de la recaudación impositiva global.

A medida que el gobierno continúa postergando los ajustes, se acumulan los montos pendientes que eventualmente deberán trasladarse a los precios finales al consumidor. La política de precios implementada por YPF, que busca un equilibrio entre la rentabilidad de las empresas y la protección del consumidor, podría verse desafiada si los precios del petróleo continúan fluctuando. Los próximos meses serán cruciales para observar cómo el gobierno maneja esta situación, especialmente con la posibilidad de que los ajustes se extiendan hasta principios de 2027, lo que podría generar un efecto dominó en la inflación y en la economía en general.