La Contraloría General de Colombia ha emitido una advertencia seria sobre la situación financiera de Air-e, una de las principales empresas de servicios públicos en el sector energético. En una carta dirigida al superintendente de Servicios Públicos, Felipe Durán, el contralor Carlos Hernán Rodríguez expone que la intervención estatal no ha logrado mejorar las condiciones de la compañía, que ha visto un aumento en sus deudas. En un periodo crítico, entre diciembre de 2023 y agosto de 2025, el patrimonio de Air-e se ha reducido en un alarmante 80%, pasando de $2.218.357 millones a solo $131.500 millones, lo que representa una pérdida significativa de valor patrimonial y pone en riesgo su solvencia y capacidad de inversión.

El informe de la Contraloría señala que la descapitalización progresiva de Air-e podría llevar a la inviabilidad económica de la empresa, lo que a su vez generaría una dependencia crónica de recursos públicos. Esto no solo afecta a la empresa, sino que también tiene implicaciones directas para la calidad y continuidad del servicio de energía en la región Caribe de Colombia. La carta destaca que la deuda total de Air-e supera los $6 billones, con un 73% de esta deuda concentrada en estratos bajos, que son los más afectados por la morosidad.

Además, la Contraloría ha identificado otros riesgos, como el aumento del 53,6% en los pasivos totales de la empresa, lo que genera un riesgo inminente de incumplimiento de obligaciones con proveedores y agentes del mercado mayorista. La elevada exposición a deuda, sin flujos de efectivo suficientes, pone en peligro la continuidad del servicio público esencial. Esto es especialmente preocupante en un contexto donde el consumo de energía ha aumentado, y las térmicas están operando a niveles críticos, con embalses que apenas alcanzan el 66,38% de su capacidad histórica.

La crisis financiera de Air-e también tiene repercusiones en el mercado nacional. Los incumplimientos en el plan de inversiones han llevado a problemas para los usuarios, incluyendo interrupciones en el suministro de energía y demoras técnicas. Esta situación podría resultar en aumentos tarifarios para los consumidores finales, así como en impactos financieros adicionales sobre las empresas generadoras, especialmente las hidroeléctricas. La posibilidad de que se impongan cargas fiscales o tributarias sobre las utilidades netas de estas empresas es un riesgo que no se puede pasar por alto.

Con el aumento en el consumo de energía y la presión sobre las infraestructuras, es crucial que se adopten mecanismos inmediatos para optimizar la calidad y continuidad del servicio. La Contraloría ha instado a la gestión de Air-e a priorizar inversiones y a mejorar la atención a los usuarios. La situación actual exige una vigilancia constante, ya que la falta de acción podría llevar a un deterioro aún mayor de la infraestructura energética en la región, afectando no solo a los usuarios, sino también a la economía en general.