La Libertad Avanza, el bloque político que lidera Javier Milei, se encuentra en negociaciones para lograr el apoyo necesario de los bloques dialoguistas y así poder sesionar el próximo jueves en el Senado. En la agenda se destacan tres temas cruciales para el Gobierno: el pago a los últimos fondos buitre con litigios abiertos, la reforma sobre propiedad privada y un paquete de 73 pliegos judiciales. Sin embargo, la reciente decisión del Gobierno de retirar la candidatura de Verónica Michelli para el Tribunal Oral Criminal Federal N°3 de La Plata ha complicado las negociaciones, generando incertidumbre sobre la viabilidad de la sesión programada.

El conflicto en torno a la postulación de Michelli ha desatado un rechazo notable entre los bloques que tradicionalmente apoyan al oficialismo, como el PRO y la Unión Cívica Radical. Martín Goerling, jefe del bloque PRO, ha expresado su apoyo a la candidatura, argumentando que la idoneidad de los jueces no debería ser afectada por factores externos a su capacidad profesional. Este desacuerdo ha puesto en jaque la posibilidad de avanzar con los pliegos judiciales, ya que la decisión de retirar una candidatura requiere una votación en el recinto, y La Libertad Avanza no cuenta con los números suficientes para imponer dicha decisión.

En cuanto a los pliegos judiciales, el Senado tiene habilitados 73 de los 77 enviados por el Poder Ejecutivo. Además de la postulación de Michelli, persisten dudas sobre otras candidaturas, como las de Juan Galván Greenway y Alejandro Catania para el Tribunal Penal Económico. La situación se complica aún más por la falta de presentación del despacho necesario por parte del presidente de la Comisión de Acuerdos, Juan Carlos Pagotto, lo que retrasa el debate. Este tipo de situaciones no son nuevas en la política argentina, donde las disputas internas a menudo afectan el avance de la agenda legislativa.

Desde el punto de vista económico, uno de los temas más relevantes en la agenda es el acuerdo para cerrar litigios con los holdouts, que incluye un pago total de 171 millones de dólares a dos grupos de acreedores que no ingresaron a los canjes de deuda tras el default de 2001. Este acuerdo, que contempla una reducción de cerca del 30% sobre los montos reclamados, cuenta con el respaldo de los bloques dialoguistas, lo que podría facilitar su aprobación. La resolución de estos litigios es fundamental para mejorar la imagen del país ante los inversores internacionales y podría abrir la puerta a futuras negociaciones de deuda.

Además, se discutirá un proyecto de reforma sobre la propiedad privada que eliminaría los límites actuales para la compra de tierras por extranjeros, aunque dejaría a las provincias la facultad de autorizar dichas operaciones. Este cambio podría tener un impacto significativo en el mercado inmobiliario y en la inversión extranjera, un aspecto que los inversores argentinos deben monitorear de cerca. La reunión de Labor Parlamentaria programada para el miércoles será crucial para definir el alcance de la sesión del jueves y determinar si se logrará avanzar en estos proyectos clave para el Gobierno argentino.