La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) se encuentra en el centro de un escándalo de corrupción que involucra un esquema de coimas del 20% en cada adjudicación de contratos. Según la investigación judicial, el lobista Miguel Ángel Calvete sería el principal responsable de este entramado, que operó desde diciembre de 2023 hasta octubre de 2025. La magnitud del esquema es alarmante, ya que se estima que millones de pesos fueron desviados a través de contratos de compra de medicamentos e insumos médicos para personas con discapacidad.

El fiscal Franco Picardi ha presentado pruebas que indican que Calvete, actualmente preso por proxenetismo, actuaba como intermediario entre las empresas proveedoras y los funcionarios de ANDIS. A pesar de no ser un funcionario público, Calvete tenía un control significativo sobre el proceso de adjudicación, manipulando las ofertas y asegurando que las empresas elegidas fueran aquellas que él había acordado previamente. Este tipo de maniobras no solo eliminaban la competencia, sino que también garantizaban que los retornos económicos fueran distribuidos entre los involucrados.

Entre los implicados se encuentran ex autoridades de ANDIS, como Diego Spagnuolo y Daniel María Garbellini, así como empleados del organismo y varias empresas del sector médico. La investigación ha revelado que Calvete utilizaba información privilegiada proporcionada por “insiders” dentro de ANDIS para coordinar las ofertas y asegurar que las empresas seleccionadas siempre presentaran precios que favorecieran el esquema de corrupción. Este tipo de prácticas no solo comprometen la integridad del sistema de salud, sino que también generan un impacto negativo en el presupuesto estatal.

Las empresas involucradas, como Indecomm SRL y Artrobone Ortopedia SA, se beneficiaron de contratos millonarios a cambio de pagar comisiones a Calvete. Este último cobraba entre el 12% y el 20% del monto facturado a ANDIS, lo que representa una suma considerable en un sector donde los recursos son limitados y críticos para la atención de personas con discapacidad. La investigación ha documentado transferencias bancarias y facturaciones simuladas que complican aún más la situación, evidenciando un sistema diseñado para ocultar el origen ilícito de los fondos.

El impacto de este escándalo es significativo, no solo por la cantidad de dinero involucrado, sino también por la desconfianza que genera en la administración pública y en el sector salud. La situación actual exige un seguimiento cercano de las decisiones judiciales y políticas que se tomen en relación con este caso. A medida que avanza la investigación, será crucial observar cómo se desarrollan los procesos judiciales y si se implementarán reformas para prevenir futuros casos de corrupción en el sector público. La fecha de las próximas audiencias y la posibilidad de nuevas revelaciones sobre la red de corrupción serán puntos a monitorear en el corto plazo.