Argentina se posicionó en el último lugar entre las principales economías de América Latina en recepción de inversión extranjera directa (IED) durante 2025, captando apenas USD 3.134 millones. Este dato, publicado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), pone de manifiesto las dificultades que enfrenta el país para atraer capitales de largo plazo, a pesar de las reformas económicas impulsadas por el Gobierno de Javier Milei y la flexibilización de regulaciones. En comparación, Brasil lideró el ranking con una impresionante cifra de USD 76.877 millones, seguido por México con USD 40.871 millones, Chile con USD 13.152 millones, Colombia con USD 11.462 millones y Costa Rica con USD 5.733 millones, lo que resalta la brecha significativa en la atracción de inversiones en la región.

El informe de Misión Productiva, que utiliza estadísticas de la OCDE, señala que, a pesar de que los empresarios perciben un entorno de negocios más favorable, Argentina sigue siendo un destino poco atractivo para la inversión extranjera. Durante el primer trimestre de 2025, el ingreso de divisas por IED promedió USD 189 millones mensuales, una mejora respecto a la gestión de Alberto Fernández, pero aún en niveles similares a los de años anteriores. Además, la cuenta de inversión extranjera acumuló un déficit de USD 1.421 millones desde comienzos de 2025, resultado de la salida de empresas internacionales y transferencias de activos hacia compañías locales.

En respuesta a esta situación, el Gobierno argentino ha presentado al Congreso el proyecto de "Súper RIGI", una iniciativa destinada a fomentar inversiones en sectores estratégicos. Esta propuesta amplía el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y se enfoca en proyectos vinculados a nuevas actividades económicas, como inteligencia artificial, semiconductores, biotecnología avanzada e infraestructura digital. El esquema promete estabilidad normativa por 30 años y una reducción significativa de impuestos para empresas que realicen inversiones superiores a USD 1.000 millones, lo que podría atraer a inversores interesados en el potencial de crecimiento de estos sectores en el país.

El ministro de Economía, Luis Caputo, ha destacado que la iniciativa busca promover una mayor industrialización de los recursos mediante actividades que actualmente no están presentes en Argentina. Además, el proyecto incluye garantías legales para los inversores y acceso a arbitrajes internacionales en caso de conflictos con el Estado, lo que podría mejorar la confianza de los inversores extranjeros. Sin embargo, la efectividad de estas medidas dependerá de su implementación y de la capacidad del gobierno para mantener un entorno político y económico estable.

A futuro, será crucial observar cómo se desarrollan las discusiones en el Congreso respecto al "Súper RIGI" y si se logran atraer inversiones significativas en los sectores mencionados. También será importante monitorear la evolución de la cuenta de inversión extranjera y si las reformas propuestas logran revertir la tendencia negativa en la llegada de capitales. La capacidad de Argentina para posicionarse como un polo de inversiones tecnológicas y energéticas en la región dependerá de la implementación efectiva de estas políticas y de la percepción internacional sobre su estabilidad económica y política.