El subsecretario del Interior de Chile, Máximo Pavez, defendió las declaraciones del ministro de Seguridad, Martín Arrau, quien afirmó que el gobierno continuará trabajando bajo la Política Nacional de Seguridad Pública promulgada por el anterior presidente Gabriel Boric. Arrau destacó que esta política, vigente por seis años, proporciona un marco suficiente para implementar planes y programas en áreas críticas como el narcotráfico y el crimen organizado. Esta afirmación se produce en un contexto donde la seguridad ha sido un tema candente en la agenda política chilena, especialmente tras las críticas recibidas durante el gobierno anterior.

Pavez subrayó que, a pesar de las críticas, la administración del presidente José Antonio Kast llegó al poder con un programa de seguridad propio, presentado por todas las candidaturas presidenciales al momento de inscribir sus postulaciones. Esto indica que el actual gobierno tiene una visión clara y diferenciada respecto a la seguridad, a pesar de que se basa en una política ya establecida. El subsecretario también enfatizó que la ley que creó el Ministerio de Seguridad exige la elaboración de estrategias operativas para abordar problemas como el narcotráfico y el crimen organizado, lo que podría implicar un enfoque más proactivo en la implementación de estas políticas.

En cuanto a los resultados de la gestión actual, Pavez mencionó que el gobierno ha logrado avances significativos en las últimas semanas, incluyendo operativos policiales exitosos y la incautación de drogas y cigarrillos. Sin embargo, también reconoció que hubo distracciones que impidieron mostrar estos resultados de manera más efectiva. La llegada de Arrau al Ministerio de Seguridad, tras la salida de Trinidad Steinert, fue vista como un intento de reorientar y revitalizar la gestión del gobierno en este ámbito, lo que podría ser un indicativo de un cambio de estrategia más amplio.

Uno de los temas más controvertidos es el compromiso del gobierno de expulsar a 330,000 migrantes irregulares durante su mandato, sin abrir procesos de regularización. Pavez aseguró que se han expulsado a 780 personas desde el 1 de enero hasta el 21 de mayo, y 480 de ellas desde el 11 de marzo. Este enfoque podría tener implicaciones significativas en la percepción del gobierno y su manejo de la migración, especialmente en un contexto donde la migración irregular es un tema sensible en la región.

Finalmente, Pavez abordó el “riesgo fiscal” detectado tras una revisión exhaustiva de la administración anterior, que reveló alertas por US$9,200 millones para el período 2022-2026. Este hallazgo podría tener repercusiones en la estabilidad fiscal del país y en la confianza de los inversores. La administración actual está implementando auditorías para identificar gastos sin rendición y adquisiciones que debieron ser licitadas, lo que podría llevar a acciones más profundas por parte de la Contraloría o incluso al Ministerio Público, dependiendo de los resultados de las investigaciones. Este contexto fiscal es crucial para los inversores que buscan estabilidad en el mercado chileno y en la región.

A futuro, será importante monitorear cómo se desarrollan las estrategias de seguridad y los planes de expulsión de migrantes, así como la respuesta del mercado a las auditorías fiscales. La presentación del plan específico del ministro Arrau en el Senado el próximo 2 de junio será un evento clave que podría definir el rumbo de la política de seguridad en Chile y su impacto en la percepción pública y en los mercados.