El año 2026 ha marcado un punto de inflexión en la gestión del agua en México, donde las presas del Sistema Cutzamala alcanzaron un 70% de almacenamiento en mayo, el nivel más alto en siete años. Esta recuperación es significativa, especialmente comparada con el 27% registrado en mayo de 2024. Sin embargo, esta cifra no cuenta toda la historia. Mientras el centro del país muestra signos de recuperación, el norte enfrenta su séptimo año consecutivo de sequía intensa, afectando a estados como Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, que se encuentran en condiciones de sequía extrema. Esta situación ha sido provocada por décadas de reducción en las precipitaciones y una sobreexplotación de acuíferos que ha llevado a niveles alarmantes de escasez de agua.

La crisis hídrica en el norte de México ha llevado a la cancelación de proyectos industriales significativos, como el de la cervecera Constellation Brands en Mexicali, que representaba una inversión de 1,400 millones de dólares. Este hecho refleja la creciente tensión entre el desarrollo industrial y la disponibilidad de agua, donde el 76% de los ciudadanos votó en contra de destinar agua escasa a la producción industrial. La presión del nearshoring y la necesidad de industrias intensivas en agua, como semiconductores y alimentos, están obligando a las empresas a reconsiderar sus ubicaciones. La contradicción es clara: México busca desarrollar su modelo industrial en el norte, pero esta región carece del agua necesaria para sostener ese crecimiento.

En respuesta a esta crisis, el gobierno mexicano ha implementado un nuevo marco regulatorio. En 2024, la presidenta Sheinbaum presentó el Plan Nacional Hídrico 2024-2030, que reconoce el agua como un derecho humano y estratégico. Este plan incluye una inversión pública de 20,000 millones de pesos para infraestructura hídrica, la más significativa en décadas. Además, en diciembre de 2025 se aprobó la primera Ley General de Aguas en 33 años, que prohíbe la transmisión especulativa de concesiones y establece la responsabilidad hídrica para todos los actores. Sin embargo, más de 35 millones de mexicanos aún carecen de acceso adecuado al agua, y un tercio de los hogares con tubería no recibe agua diariamente.

El impacto de la crisis hídrica va más allá de la falta de acceso al agua. La disponibilidad per cápita ha caído drásticamente, de 17,742 metros cúbicos por habitante a 3,656 en siete décadas, con proyecciones que indican una caída a 3,285 para 2030. Además, el 40% del agua distribuida se pierde en fugas antes de llegar a los hogares. Este estrés hídrico amenaza hasta el 31% del PIB nacional, lo que implica que la falta de agua no solo es un problema ambiental, sino también un riesgo económico significativo. Las cooperativas en las regiones más afectadas han demostrado ser más efectivas que los bancos comerciales en la gestión del crédito para el acceso al agua, lo que sugiere que el sector privado podría desempeñar un papel crucial en la solución de esta crisis.

A medida que avanza 2026, el contexto político y regulatorio ofrece una ventana de oportunidad para abordar la crisis hídrica. Las entidades federativas tienen 180 días para armonizar su legislación con la nueva ley federal, y los reglamentos operativos se están construyendo en este momento. La geopolítica del agua ha pasado a ser un tema de soberanía y competitividad, especialmente en relación con el Tratado de Aguas de 1944 con Estados Unidos, que ha generado tensiones arancelarias. La capacidad del gobierno para negociar acuerdos y gestionar recursos hídricos será crucial en los próximos meses. La situación del agua en México no solo es un desafío interno, sino que también tiene implicaciones en la política exterior y en la inversión en el país.