En noviembre de 2025, la Comisión Europea presentó su Digital Omnibus, un paquete destinado a simplificar las reglas digitales para las empresas de la UE. Este paquete incluye la Ley de IA, que aún está en proceso de implementación. Sin embargo, antes de que la ley se implemente completamente, la comisión ya ha comenzado a reducir su alcance. Este movimiento no sorprende a quienes siguen de cerca la regulación tecnológica en la UE, pero un nuevo estudio de investigadores de varias universidades ha proporcionado un marco para evaluar lo que realmente está sucediendo.

Los investigadores, liderados por Abeba Birhane, identificaron 27 mecanismos distintos mediante los cuales las grandes empresas de IA intentan influir en los reguladores. A través de un análisis de 100 artículos de Reuters que cubren tres grandes cumbres globales de IA, encontraron 249 instancias de estos mecanismos, que incluyen cabildeo, reuniones privadas y la influencia de discursos. En la tercera cumbre, celebrada en París, se observó que el promedio de artículos contenía casi tres de estos mecanismos, lo que sugiere una fuerte estrategia de presión por parte de las empresas tecnológicas.

Los mensajes más comunes utilizados por las grandes empresas de IA en este contexto son que la regulación sofoca la innovación, que hay demasiada burocracia, que se debe priorizar el interés nacional y que es necesario mantener la competitividad. Estas narrativas han sido repetidas por figuras clave en la UE, como Ursula von der Leyen, quien en su discurso en la Cumbre de Competitividad de Copenhague en octubre de 2025, utilizó un lenguaje que refleja las demandas de la industria, abogando por la simplificación y la reducción de la carga regulatoria.

Un aspecto preocupante es la dilución del Código de Prácticas para la IA de Propósito General, que se suponía debía traducir las reglas de la Ley de IA en directrices prácticas para los desarrolladores. En su versión final, las protecciones de derechos humanos se volvieron opcionales, lo que plantea serias dudas sobre el compromiso de la UE con la protección de derechos fundamentales. Este cambio se produjo tras años de presión directa y la influencia de grupos financiados por la industria tecnológica, lo que ha llevado a una reducción de las obligaciones de seguridad y a la marginación de preocupaciones sobre derechos humanos y anti-discriminación.

La situación se complica aún más con casos de puertas giratorias en la regulación, donde exfuncionarios de la UE pasan a ocupar puestos en empresas tecnológicas. Un ejemplo notable es Cédric O, exsecretario de Estado para la transición digital en Francia, quien se convirtió en accionista y asesor de Mistral, una empresa de IA que ha estado pidiendo a Bruselas que suavice las reglas para la IA de propósito general. Este tipo de movimientos plantea interrogantes sobre la independencia de los reguladores y la efectividad de las políticas públicas en el ámbito tecnológico.

Para los inversores, esta dinámica podría tener implicaciones significativas. La percepción de que la regulación está siendo debilitada podría generar un ambiente más favorable para las grandes empresas de tecnología, lo que a su vez podría influir en las decisiones de inversión en el sector tecnológico europeo. Sin embargo, la falta de regulaciones estrictas también podría llevar a riesgos a largo plazo, especialmente si las preocupaciones sobre derechos humanos y seguridad no se abordan adecuadamente. A medida que se acercan las próximas cumbres y negociaciones sobre la regulación de la IA, será crucial observar cómo evolucionan estas dinámicas y qué impacto tendrán en el mercado tecnológico europeo y más allá.