El reciente anuncio del presidente Javier Milei sobre la reducción de retenciones al trigo y la cebada, así como la promesa de una disminución para la soja a partir de 2027, ha generado reacciones mixtas en el sector agropecuario. Las estimaciones indican que el impacto fiscal para la actual campaña podría oscilar entre los u$s30 y u$s45 millones. Sin embargo, los expertos advierten que la anticipación de esta medida podría provocar una desaceleración en la liquidación de divisas en el segundo semestre de 2026, si no se gestiona adecuadamente.

Las cámaras del agro han celebrado la medida, destacando su potencial para fomentar una mayor producción y dinamismo en el sector. La Sociedad Rural Argentina (SRA) ha calificado este anuncio como un "paso fundamental" hacia la recuperación de la competitividad, aunque subraya que el objetivo final debe ser la eliminación total de las retenciones. Por su parte, la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (CONINAGRO) ha expresado su satisfacción, aunque reconoce que la medida no transforma radicalmente la ecuación de márgenes productivos en la cosecha de trigo.

El impacto de la baja de retenciones se percibe de manera diferente en los distintos cultivos. En el caso del trigo, se espera que esta medida influya positivamente en las decisiones de siembra para la nueva campaña, ayudando a revertir la caída de entre 200.000 y 500.000 hectáreas que se había anticipado. Los analistas coinciden en que la baja de retenciones debe considerarse como una inversión que se recuperará rápidamente a través de un aumento en la producción en un plazo de siete meses. Sin embargo, el costo fiscal proyectado para 2026 sigue siendo considerado modesto, con estimaciones que rondan los u$s30 millones.

A pesar de las celebraciones, el sector agropecuario enfrenta un dilema. El anuncio anticipado de la reducción de retenciones para la soja podría llevar a los productores a postergar sus liquidaciones, esperando un mejor precio en el futuro. Esto podría resultar en una disminución de las divisas ingresadas al país en un semestre ya complicado. Los analistas sugieren que el Gobierno debería haber manejado la comunicación de la baja de retenciones con más cautela, ya que la especulación en el mercado puede generar distorsiones que afecten la comercialización.

Mirando hacia el futuro, el impacto de estas medidas en la recaudación fiscal será un punto de atención. Se estima que el costo fiscal por la reducción de retenciones a la soja podría alcanzar hasta u$s700 millones si se implementan las reducciones escalonadas propuestas. Los actores del sector agropecuario continuarán monitoreando la situación, especialmente en relación a las decisiones del Gobierno sobre las retenciones y su efecto en la liquidación de divisas. La colaboración entre el sector y el Ministerio de Economía será crucial para evitar efectos negativos en la comercialización y asegurar un entorno favorable para la producción agropecuaria en Argentina.