El 19 de mayo, la Casa Blanca emitió una orden ejecutiva titulada "Restoring Integrity to America's Financial System", que redefine cómo el sistema financiero estadounidense debe tratar a la población migrante sin autorización laboral. Esta medida, que busca combatir el lavado de dinero y el financiamiento del narcotráfico, podría tener consecuencias significativas para las remesas que millones de migrantes envían a sus familias en México. La orden instruye al Departamento del Tesoro a alertar a las instituciones financieras sobre los riesgos asociados con la operación con personas sin autorización de trabajo, lo que incluye transferencias transfronterizas de bajo monto, que son el medio más común para enviar remesas.

Uno de los aspectos más preocupantes de esta orden es la nueva consideración del ITIN (Individual Taxpayer Identification Number) como un factor que requiere "diligencia debida reforzada". Este número, que ha sido crucial para que millones de migrantes accedan al sistema financiero formal, ahora podría ser visto como una señal de riesgo por parte de los bancos. Según el American Immigration Council, alrededor de 5 millones de personas en EE.UU. poseen un ITIN activo, y en 2022, las declaraciones fiscales que lo incluyeron reportaron ingresos gravables por aproximadamente 14,400 millones de dólares. Si los bancos comienzan a tratar el ITIN como un indicador de riesgo, esto podría forzar a muchos migrantes a regresar a la informalidad financiera, afectando su capacidad para abrir cuentas bancarias o acceder a créditos.

Además, la orden también pone en la mira las "tarjetas de identificación consular extranjeras", como la matrícula consular mexicana, que actualmente es aceptada por varias instituciones bancarias en EE.UU. Si estas identificaciones son clasificadas como documentos de riesgo, se cerraría una vía importante de acceso al sistema bancario para millones de mexicanos. Esto no solo afectaría a los migrantes, sino que también representaría un golpe diplomático al sistema consular mexicano, que ha trabajado arduamente para fortalecer la seguridad de este documento.

La implicancia de estas medidas es amplia, ya que si los bancos comienzan a restringir el acceso al crédito para la población migrante, esto podría afectar sectores clave de la economía estadounidense, como la construcción y los servicios, donde la mano de obra migrante tiene una presencia significativa. Según datos de BBVA Research, el 31% de los hombres migrantes mexicanos en EE.UU. trabajan en el sector de la construcción. Esto podría traducirse en un menor flujo de remesas hacia México, que en el primer trimestre de 2026 alcanzaron los 14,456 millones de dólares, con un crecimiento del 4.9% en marzo.

A pesar de que la orden ejecutiva no prohíbe las remesas, al endurecer los requisitos de identificación del cliente y al clasificar las transferencias de bajo monto como potenciales vehículos de actividad ilícita, se crea un entorno regulatorio que podría encarecer y dificultar el envío de dinero. El 99% de las remesas que llegan a México se realizan por transferencia electrónica, un canal que ahora será objeto de un escrutinio más riguroso. Los próximos 60 días serán cruciales para observar cómo las instituciones financieras responden a esta nueva regulación y qué medidas implementarán para adaptarse a este entorno más restrictivo.