El fiscal Marcelo Soto se apartó de la investigación sobre las millonarias inversiones realizadas con fondos públicos en el Municipio de Presidencia Roque Sáenz Peña, Chaco, tras una recusación presentada por la defensa del intendente Bruno Cipolini. Esta decisión se produce en un contexto crítico, ya que la causa investiga operaciones financieras que podrían haber expuesto al municipio a pérdidas superiores a los $1.700 millones. La salida de Soto, formalizada el 20 de mayo, implica que el caso será trasladado a la Fiscalía de Investigaciones Nº4, lo que podría cambiar el enfoque de la investigación.

La investigación se centra en operaciones financieras realizadas con cheques de pago diferido sin garantía, lo que ha levantado sospechas sobre la gestión del secretario de Economía municipal, Diego Landricina, quien ya está imputado. Las maniobras financieras bajo sospecha han adquirido una dimensión política significativa, especialmente después de que Soto sugiriera que Cipolini podría ser también objeto de análisis judicial. Este giro en la investigación ha llevado a la defensa del intendente a solicitar la recusación del fiscal, lo que ha resultado en el apartamiento de Soto y su equipo.

El contexto de esta situación es complejo, ya que se ha evidenciado una tensión institucional dentro del Ministerio Público Fiscal. Antes de su apartamiento, Soto había cuestionado públicamente una resolución del procurador adjunto Miguel Fonteina, quien había decidido incorporar a otra fiscal para colaborar en la causa. Esta decisión fue justificada por la Procuración General debido a la trascendencia social e institucional del caso, que ha escalado rápidamente en términos de impacto político y económico.

La nueva fiscalía deberá decidir si mantiene la línea investigativa actual o introduce nuevas medidas. Entre los frentes abiertos se encuentran el origen de las operaciones bursátiles, el mecanismo interno de autorizaciones dentro del municipio y las responsabilidades políticas y administrativas derivadas de las inversiones cuestionadas. Además, se están analizando facturas emitidas por Landricina a la entidad bursátil entre 2022 y 2025, lo que podría arrojar más luz sobre la situación.

Para los inversores, esta situación representa un riesgo significativo, especialmente en un contexto donde la confianza en la gestión pública es crucial. La investigación podría tener repercusiones en la percepción del riesgo asociado a las inversiones en la región, afectando potencialmente a otros municipios y sus operaciones financieras. Es fundamental monitorear cómo se desarrolla la nueva fase de la investigación y qué medidas se implementarán para abordar las irregularidades detectadas, ya que esto podría influir en la estabilidad económica local y en la confianza de los inversores en el sistema financiero.