La reciente convocatoria de acreedores de Bodega Norton ha desatado una crisis significativa en el sector vitivinícola argentino, afectando especialmente a la Cooperativa San Carlos Sud Ltda, ubicada en Mendoza. Esta cooperativa, que representa a pequeños productores del Valle de Uco, ha denunciado que se encuentra atrapada en una compleja operación financiera que, lejos de beneficiar a las pequeñas empresas, ha terminado perjudicándolas. En total, la cooperativa enfrenta reclamos por aproximadamente $875 millones, lo que ha llevado a su categorización en situación 3 ante el Banco Central, resultando en la pérdida de acceso a financiamiento crucial para sus operaciones y para apoyar a sus productores asociados.

La problemática se origina en una transacción realizada en 2024, cuando la cooperativa vendió alrededor de 412.500 litros de vino a Bodega Norton. Esta operación se llevó a cabo bajo un esquema denominado "cadena de valor", que involucró a Acindar Pymes, una Sociedad de Garantía Recíproca (SGR) que actuó como garante financiero. Sin embargo, el esquema resultó ser contraproducente para la cooperativa, ya que, en lugar de recibir el pago directamente, se vio obligada a tomar un crédito bancario respaldado por Acindar Pymes. Este mecanismo, que debería haber facilitado el acceso al crédito para pequeñas y medianas empresas, terminó favoreciendo a la gran empresa compradora, en este caso, Bodega Norton.

El vicepresidente de la cooperativa, Claudio Giusti, ha expresado su frustración al señalar que el sistema de SGR, que debería proteger a las pymes, fue utilizado para financiar a una gran empresa. La cooperativa había solicitado previamente un aval a Acindar Pymes para un crédito de cosecha y acarreo, que fue rechazado por no cumplir con la calificación necesaria. Sin embargo, un año después, la misma entidad avaló una operación por aproximadamente $500 millones vinculada a Norton, lo que indica que el crédito no se otorgó por la cooperativa, sino por la influencia de Norton. Esta situación ha generado un clima de incertidumbre y preocupación entre los productores, quienes dependen de la cooperativa para acceder a financiamiento.

La crisis se intensificó cuando Bodega Norton se presentó en convocatoria de acreedores el año pasado. A pesar de que el contrato estipulaba que el crédito debía descontarse de la cuenta de Norton y que la cesión de factura liberaba a la cooperativa de responsabilidades, Acindar Pymes comenzó a reclamar el pago a la cooperativa. Con una tasa de interés anual cercana al 45%, la deuda acumulada ha escalado a $875 millones, lo que ha llevado a la cooperativa a una situación financiera crítica. Este escenario ha impactado directamente a unos 60 productores vinculados a la cooperativa, quienes ahora enfrentan serias dificultades para sostener sus actividades agrícolas.

La cooperativa, con más de 60 años de historia, nunca había tenido un cheque rechazado hasta ahora. La falta de financiamiento ha puesto en riesgo la cosecha de este año, con la posibilidad de dejar fruta en el viñedo sin cosechar. Giusti ha señalado que la cooperativa cumple un rol fundamental para los pequeños productores que no pueden acceder al sistema bancario debido a problemas sucesorios o falta de calificación crediticia. La situación ha llegado a la Secretaría de Pymes de la Nación, donde se han manifestado preocupaciones sobre el uso de SGR para financiar grandes empresas en lugar de asistir a las pymes, que es el objetivo original de estas entidades.

El futuro de la Cooperativa San Carlos Sud y de los pequeños productores que representa es incierto. La situación ha generado un debate sobre la regulación y el funcionamiento de las SGR en Argentina, y se espera que las autoridades nacionales investiguen si estas entidades están cumpliendo con su propósito original. La fecha límite para la presentación y verificación de créditos en el concurso de Bodega Norton es el 22 de junio, lo que añade presión a la cooperativa y a los productores que dependen de su funcionamiento. La resolución de este conflicto será crucial para determinar el impacto en el sector vitivinícola y en la economía local, especialmente en un contexto donde los pequeños productores ya enfrentan numerosos desafíos.