La industria del biodiésel en Argentina enfrenta una crisis severa, evidenciada por la paralización de seis plantas en el puerto de Rosario, que juntas tienen una capacidad de producción de 2,2 millones de toneladas anuales. Esta situación se ha agravado por la caída de las exportaciones, que han disminuido drásticamente desde 2019, cuando se registraron 1,015 millones de toneladas. En 2023, las exportaciones cayeron a solo 284,000 toneladas, lo que representa uno de los niveles más bajos en 15 años. La falta de acceso a mercados externos, especialmente en Estados Unidos y Europa, ha sido un factor determinante en esta crisis.

Desde 2017, Estados Unidos impuso barreras arancelarias que superan el 130% al biodiésel argentino, lo que ha limitado severamente las exportaciones hacia ese país. Por otro lado, la Unión Europea ha comenzado a implementar regulaciones más estrictas relacionadas con el impacto ambiental de la producción de soja, lo que también ha afectado la competitividad del biodiésel argentino. A pesar de que el reciente aumento en los precios del gasoil podría hacer que el biodiésel argentino sea más atractivo, las nuevas regulaciones en Europa podrían obstaculizar aún más las exportaciones.

La Ley 27.640, vigente hasta 2030, ha reducido el corte obligatorio de biodiésel en el gasoil del 10% al 5%, limitando la participación de las grandes empresas en el mercado interno. Esto ha llevado a que las plantas de biodiésel más eficientes permanezcan cerradas, mientras que el mercado interno se abastece principalmente de pequeñas empresas. La industria argumenta que esta ley discrimina a las empresas más grandes y eficientes, impidiendo que el biodiésel argentino compita a precios competitivos en el mercado local.

Recientemente, un grupo de senadores ha propuesto un proyecto de ley que busca cambiar el régimen actual, aumentando el corte obligatorio de biodiésel al 10% y permitiendo que las grandes empresas participen en el mercado interno. Sin embargo, las pequeñas empresas han expresado su preocupación, argumentando que esta medida podría llevar a su quiebra y a la concentración del mercado en manos de grandes aceiteras. Actualmente, hay 25 pequeñas empresas que operan bajo este régimen, generando alrededor de 2,000 empleos directos y 8,000 indirectos.

La situación del biodiésel argentino es crítica y requiere atención inmediata. La industria necesita un cambio en la legislación para poder competir tanto en el mercado interno como en el externo. La propuesta de ley que se discute podría ser un paso hacia la recuperación, pero su implementación y el impacto en las pequeñas empresas son aspectos que deben ser cuidadosamente considerados. Los próximos meses serán cruciales para determinar si se logra un cambio significativo en el sector, especialmente con las elecciones que se aproximan y la necesidad de políticas que fomenten la competitividad del biodiésel argentino.