La morosidad de las familias argentinas alcanzó un alarmante 11,2% en febrero de 2026, marcando el nivel más alto desde que el Banco Central comenzó a registrar estos datos en 2010. Este incremento se traduce en una preocupación creciente sobre la capacidad de los hogares para cumplir con sus obligaciones financieras, superando incluso los niveles de morosidad observados durante la pandemia. Este dato fue presentado en el tercer informe del Índice de Vulnerabilidad Familiar del Congreso (IVFC), que también reveló un deterioro continuo en las condiciones económicas de las familias argentinas.

El IVFC, que se sitúa en 5,1 puntos en febrero, indica que los hogares se encuentran en un estado de "Fragilidad Familiar", una categoría que abarca de 4 a 5,9 puntos. Este índice ha mostrado un aumento mensual constante desde abril de 2025, reflejando un deterioro en el poder adquisitivo de los ingresos laborales, el aumento de la morosidad y la caída del empleo formal. En comparación, el avance del índice fue de 0,1 puntos respecto a enero, lo que sugiere que la situación económica de las familias se está deteriorando de manera sostenida.

La morosidad, que incluye créditos personales, tarjetas de crédito y préstamos hipotecarios, ha aumentado en 0,6 puntos porcentuales en un mes y ha crecido 8,3 puntos en comparación interanual. Este aumento se produce en un contexto donde el empleo formal también se ha visto afectado, con solo 965 nuevos puestos de trabajo privados formales creados en febrero, lo que contrasta con una pérdida acumulada de 205.680 empleos en los 26 meses de gestión de Javier Milei. Este panorama laboral impacta directamente en los ingresos de los hogares, exacerbando la situación de endeudamiento.

El informe también destaca que, aunque la economía creció un 4,4% interanual en 2025, esta recuperación no se tradujo en una mejora del empleo formal ni en un aumento generalizado del bienestar familiar. La caída del poder adquisitivo de los salarios registrados fue significativa, con una disminución de 8,9 puntos entre noviembre de 2023 y febrero de 2026, según el IPC del Indec. Esto se traduce en una mayor presión sobre las familias, que deben hacer malabares para cumplir con sus gastos mensuales mientras enfrentan una creciente incertidumbre económica.

La situación actual plantea serias implicancias para los inversores y el mercado en general. La creciente morosidad y la fragilidad del empleo podrían llevar a una mayor presión sobre el sistema financiero, lo que podría resultar en un aumento de las tasas de interés y un endurecimiento de las condiciones crediticias. Además, la incapacidad de las familias para cumplir con sus obligaciones podría afectar el consumo y, por ende, el crecimiento económico a corto plazo. Los inversores deben estar atentos a las políticas que el gobierno implemente para abordar esta crisis, así como a los próximos informes económicos que puedan ofrecer una visión más clara de la evolución de la situación.

A futuro, es crucial monitorear la evolución del IVFC y la morosidad familiar, así como las políticas económicas que se implementen para mitigar esta crisis. Las próximas semanas serán decisivas, ya que el gobierno deberá presentar medidas que busquen estabilizar el mercado laboral y mejorar las condiciones económicas de las familias. La capacidad de respuesta del gobierno y su efectividad en la implementación de políticas económicas serán factores determinantes para la recuperación de la confianza en el sistema financiero y la estabilidad económica del país.