El Gobierno nacional y la Ciudad de Buenos Aires han llegado a un acuerdo para saldar una deuda de coparticipación que se había acumulado durante el último año. Este acuerdo implica la transferencia de bonos con un vencimiento a siete meses, que cubrirán los atrasos en las remesas semanales desde julio de 2024. Este movimiento busca regularizar las cuentas fiscales de la Ciudad en el corto plazo, aunque no resuelve el reclamo histórico por una deuda mayor que asciende a u$s6.000 millones.

La deuda que se está cancelando en este acuerdo corresponde exclusivamente a los fondos que no fueron transferidos desde julio de 2024. En ese momento, el Gobierno comenzó a atrasar los pagos semanales que habían sido comprometidos en un acuerdo anterior firmado en septiembre de 2020. La situación se complicó cuando el entonces presidente Alberto Fernández firmó un decreto que redujo el porcentaje de coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires, lo que llevó a un conflicto legal que aún no se ha resuelto completamente. La Corte Suprema falló a favor de la Ciudad a fines de 2022, pero el Gobierno nacional no cumplió con el fallo en su totalidad.

La Ciudad de Buenos Aires ha mantenido un reclamo por la reducción de la coparticipación que se implementó en 2020, cuando el coeficiente se redujo del 3,5% al 2,32%. Posteriormente, el Congreso aprobó una ley que bajó aún más este coeficiente al 1,40%, sumando un monto fijo para Seguridad. La diferencia entre lo que la Ciudad debería haber recibido y lo que efectivamente recibió es lo que constituye la deuda histórica de u$s6.000 millones. Este conflicto no se aborda en el acuerdo actual, lo que deja abierta la posibilidad de futuras disputas legales.

El acuerdo reciente incluye la transferencia de una cartera de bonos que cubre la totalidad del pasivo generado desde julio de 2024 hasta la fecha. Sin embargo, la administración de Jorge Macri, actual jefe de Gobierno porteño, sigue evaluando alternativas legales para obtener la cancelación total de la deuda histórica. Este conflicto permanece abierto en el ámbito judicial, aunque en los últimos meses no ha habido movimientos significativos por parte de ninguna de las partes. La situación se complica aún más en un contexto electoral, donde el PRO y La Libertad Avanza están en una batalla por el control de la Ciudad de Buenos Aires de cara a las elecciones de 2027.

En términos de implicancias para los inversores, el acuerdo podría ofrecer cierta estabilidad a las cuentas fiscales de la Ciudad de Buenos Aires, lo que podría influir en la percepción de riesgo de los bonos emitidos por la administración porteña. Sin embargo, la falta de resolución sobre la deuda histórica podría generar incertidumbre en el futuro. Los inversores deben estar atentos a las decisiones judiciales que puedan surgir y a cómo se desarrollan las negociaciones políticas en el contexto electoral. La administración de Jorge Macri busca la reelección en 2027, lo que podría influir en la estrategia fiscal y en las decisiones relacionadas con la coparticipación.

De cara al futuro, es crucial monitorear cómo se desarrollan las negociaciones entre el Gobierno nacional y la Ciudad de Buenos Aires, especialmente en relación con la deuda histórica. La posibilidad de que se reanuden las tensiones judiciales es alta, y cualquier avance en este sentido podría tener un impacto significativo en la estabilidad fiscal de la Ciudad. Además, la dinámica política en torno a las elecciones de 2027 podría influir en las decisiones fiscales y en la relación entre ambas administraciones, lo que es un factor a considerar para los inversores que operan en el mercado de bonos y en el contexto más amplio de la economía argentina.