La doctora en Ciencias Geológicas Verónica Lutri ha presentado un documental que alerta sobre la grave contaminación de los acuíferos en la llanura pampeana de Córdoba, Argentina. Este trabajo se basa en años de investigación sobre el impacto de agroquímicos como el glifosato y la atrazina en los cultivos de soja y maíz. Según Lutri, el uso de estos herbicidas ha crecido de 30 millones a 600 millones de litros anuales en los últimos 30 años, lo que representa un aumento alarmante del 2.000%. Esta situación pone en riesgo no solo la calidad del agua, sino también la salud de los habitantes rurales que dependen de estos recursos hídricos.

El documental, impulsado por el Centro Internacional de Evaluación de los Recursos de Agua Subterránea (Igrac) y la Unesco, busca visibilizar la problemática de la contaminación invisible que afecta a las reservas de agua subterránea. Lutri ha recopilado testimonios de pobladores rurales que expresan su preocupación por el uso constante de químicos en la agricultura. La investigación revela que los herbicidas alcanzan rápidamente los acuíferos, especialmente en épocas húmedas coincidentes con la aplicación de estos productos. Esto se debe a la dinámica de transferencia de contaminantes, que se ve favorecida por las características del suelo y la profundidad de los acuíferos.

La atrazina, un herbicida prohibido en la Unión Europea desde hace más de 20 años, es uno de los compuestos más utilizados en Argentina. La geóloga advierte que su presencia en acuíferos a profundidades de hasta 20 metros es posible, especialmente en áreas con suelos gruesos que facilitan la lixiviación. Este fenómeno de contaminación puede tener efectos devastadores en la salud humana, ya que se ha relacionado con alteraciones hormonales, daños a órganos vitales y otros problemas de salud. La exposición crónica a estos químicos, ya sea por contacto directo o por el consumo de agua contaminada, es una preocupación creciente en las comunidades rurales.

Además, la falta de regulación en el uso de estos agroquímicos en el Código Alimentario Argentino agrava la situación. Actualmente, el glifosato y la atrazina no están normados en los parámetros de potabilidad, lo que significa que los municipios no están obligados a monitorearlos. Lutri enfatiza la necesidad urgente de actualizar esta normativa para incluir estos compuestos y visibilizar la contaminación que ya afecta a muchas comunidades. La agroecología se presenta como una alternativa viable para reducir el uso de herbicidas y fertilizantes, promoviendo prácticas más sostenibles que protejan tanto la salud humana como el medio ambiente.

En el contexto regional, la situación en Córdoba puede tener implicancias significativas para el sector agroindustrial argentino, que depende en gran medida de la producción de soja y maíz. La creciente preocupación por la contaminación de los acuíferos podría llevar a un cambio en las políticas agrícolas y en la percepción pública sobre el uso de agroquímicos. Los inversores deben estar atentos a cómo estas dinámicas podrían influir en la producción agrícola y, por ende, en los precios de los commodities. La falta de financiamiento para la investigación en ciencia y tecnología en Argentina desde 2023 también plantea un desafío, ya que limita la capacidad de realizar estudios necesarios para evaluar el impacto de estos químicos en la salud pública y el medio ambiente.

A futuro, será crucial monitorear la respuesta del gobierno argentino ante esta problemática, así como las posibles actualizaciones en la legislación sobre agroquímicos. La presión de la sociedad civil y de los pobladores afectados podría impulsar cambios significativos en la regulación del uso de herbicidas. La comunidad científica también juega un papel vital en la generación de datos que respalden la necesidad de un cambio en las políticas agrícolas, lo que podría tener repercusiones en el mercado de commodities a nivel nacional e internacional.