En el barrio de Jaguaré, en São Paulo, el número de casas interdictadas tras la explosión ocurrida el 11 de mayo ha aumentado a 27. Hasta la noche del 13 de mayo, se realizaron 112 inspecciones en la zona, de las cuales 86 propiedades fueron liberadas para que sus habitantes regresaran. La evaluación fue llevada a cabo por la Defensa Civil del Estado de São Paulo, el Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT), así como equipos de las empresas de servicios públicos Sabesp y Comgás. Una nueva comisión se encargará de revaluar hoy las condiciones estructurales de los inmuebles que permanecen cerrados.

La explosión ha generado una respuesta inmediata por parte de las autoridades, que han registrado a 232 personas afectadas, quienes han recibido un auxilio emergencial de R$ 5,000 para cubrir gastos inmediatos. Además, las familias afectadas están siendo alojadas en hoteles mientras se evalúan los daños. Las empresas involucradas han afirmado que se harán cargo de todos los daños sufridos por los residentes, incluyendo la reconstrucción de las viviendas dañadas. Las obras de reparación ya han comenzado en las unidades que han pasado la inspección técnica.

Este incidente ha puesto de relieve las preocupaciones sobre la privatización de Sabesp, la mayor compañía de saneamiento de Brasil, que fue completada en julio de 2024. La privatización ha sido objeto de críticas por parte de sindicatos y organizaciones que argumentan que ha llevado a una reducción en la calidad del servicio y a un aumento en los riesgos operativos. El Sindicato de Ingenieros del Estado de São Paulo (SEESP) ha emitido un comunicado lamentando la explosión y criticando el desmantelamiento técnico del sector de saneamiento, señalando que la falta de personal calificado y la reducción de equipos han comprometido la seguridad de las operaciones.

El contexto de la privatización de Sabesp es crucial para entender las implicancias de este evento. Desde la privatización, ha habido un aumento en las denuncias sobre la falta de mantenimiento y la disminución de la capacidad de respuesta ante emergencias. El Sindicato de Trabajadores en Agua, Esgoto y Medio Ambiente del Estado de São Paulo (Sintaema) también ha expresado su preocupación, advirtiendo que la pérdida de control público ha llevado a una menor capacidad de respuesta ante incidentes como el de Jaguaré. Este tipo de eventos puede afectar la percepción pública sobre la eficiencia y seguridad de los servicios de saneamiento en Brasil, lo que podría tener repercusiones en el mercado de acciones de empresas del sector.

A futuro, será importante monitorear las acciones de la Agencia Reguladora de Servicios Públicos del Estado de São Paulo (Arsesp), que ha solicitado a Sabesp y Comgás que presenten informes sobre las causas de la explosión. La fecha límite para la entrega de esta información es el 15 de mayo. La respuesta de estas empresas y las medidas que se tomen para abordar las fallas identificadas serán cruciales para restaurar la confianza pública y evitar que incidentes similares ocurran en el futuro. Además, el desarrollo de políticas que aseguren la calidad del servicio y la seguridad operativa será esencial para el sector de saneamiento en Brasil.