El régimen del obradorato en México enfrenta una policrisis que se manifiesta en la falta de resultados positivos en las políticas públicas y una creciente insatisfacción social. Recientes informes de organizaciones como Freedom House y el Instituto V-Dem destacan el deterioro de las libertades políticas y civiles en el país, con calificaciones alarmantes que reflejan un Estado de derecho debilitado. En el último informe de Freedom House, México obtuvo solo 26 puntos de 40 en derechos políticos y 32 de 60 en libertades civiles, lo que lo clasifica como 'parcialmente libre'. Esta situación se agrava por la violencia del crimen organizado y la corrupción, que limitan el disfrute de los derechos de los ciudadanos y representan un desafío significativo para la gobernabilidad.

El informe de la OCDE proyecta un crecimiento del PIB mexicano de apenas 1.4% para este año, en un contexto donde la inversión pública ha caído casi un 16% en los primeros meses. La informalidad laboral y la debilidad fiscal son factores que contribuyen a estas expectativas de crecimiento moderadas. A pesar de que algunos analistas como Banorte prevén un crecimiento de hasta 1.8%, la mayoría de las proyecciones se sitúan por debajo del 2%, lo que indica un estancamiento económico. La incertidumbre generada por el contexto internacional y la falta de un verdadero Estado de derecho son factores que desincentivan la inversión privada, crucial para reactivar la economía.

La crisis política también se refleja en la fragmentación del bloque legislativo que López Obrador ha formado, donde los intereses de los partidos aliados como el PT y los verdes comienzan a chocar. Esta situación podría complicar aún más la gobernabilidad y la implementación de políticas efectivas. La lucha interna por las candidaturas para el próximo año ya se vislumbra, lo que podría llevar a una mayor inestabilidad política en el corto plazo. La falta de operadores políticos y la incapacidad de los dirigentes de Morena para mantener la cohesión en su coalición son signos preocupantes para el futuro político del país.

Las implicancias para los inversores son claras: la inseguridad, la corrupción y la falta de un marco regulatorio estable generan un ambiente poco atractivo para la inversión. La declaración de Altagracia Gómez, encargada de la relación con el sector privado, de que el gobierno pide 'cero excusas para invertir', contrasta con la realidad de un clima de negocios hostil. La inversión extranjera directa podría verse afectada si no se garantizan condiciones mínimas de seguridad y estabilidad jurídica. La caída en la inversión pública y la contracción de la inversión privada son señales de alerta que los inversores deben considerar.

A futuro, es crucial monitorear la evolución de la situación política en México, especialmente con las elecciones programadas para el próximo año. La polarización política y la lucha interna en Morena podrían impactar la estabilidad del gobierno y, por ende, la economía. Los informes de organismos internacionales sobre el estado de las libertades y derechos en México también serán indicadores importantes para evaluar el clima de inversión. La relación con Estados Unidos, especialmente en temas de seguridad y comercio, seguirá siendo un factor determinante en el contexto económico del país y su impacto en la región, incluyendo a Argentina, que observa de cerca estos desarrollos.