El fondo de compensación para víctimas del amianto, que comenzó su actividad en septiembre de 2025, ha reconocido únicamente 82 de las 323 solicitudes de indemnización presentadas hasta la fecha. Esto representa un escaso 25% de las peticiones, lo que ha generado un fuerte descontento entre los afectados y sus representantes. En total, se han destinado poco más de cinco millones de euros de un presupuesto anual de 25 millones, lo que indica una ejecución muy por debajo de lo esperado y ha llevado a quejas reiteradas tanto de las víctimas como de los sindicatos.

La comunidad autónoma de Valencia ha sido la que más solicitudes ha recibido, con 100 reclamaciones, pero solo ha concedido 19 indemnizaciones, lo que equivale a un 19% de reconocimiento. En contraste, el País Vasco ha mostrado un desempeño notable, con una tasa de aprobación del 43%, al haber concedido 37 de las 85 solicitudes que recibió. Por otro lado, hay tres comunidades, Cataluña, Asturias y Cantabria, que aún no han otorgado ninguna indemnización, lo que resalta las disparidades en la gestión del fondo a nivel regional.

Las críticas hacia la gestión del fondo han sido contundentes. Jon García, portavoz de la Federación Estatal de Asociaciones de Víctimas del Amianto (Fedavica), ha calificado el ritmo de ejecución como “un escándalo” debido a la lentitud y al bajo nivel de reconocimiento de las solicitudes. Además, se ha denunciado que dos comunidades autónomas, Baleares y La Rioja, aún no han constituido la Comisión de Valoración, un requisito esencial para evaluar las solicitudes y que ha contribuido a los retrasos en la implementación del fondo.

Desde su creación, el fondo ha enfrentado múltiples obstáculos, incluyendo la demora de casi cuatro años desde la aprobación de la ley en 2022 hasta la entrega de la primera compensación en diciembre de 2025. La falta de ejecución ha llevado a que se consideren perdidos aproximadamente 100 millones de euros que no han llegado a los afectados, muchos de los cuales ya han fallecido. Además, las familias de los fallecidos no pueden solicitar indemnizaciones, a pesar de que la ley lo permitía, lo que ha generado un sentimiento de injusticia entre los afectados.

A medida que avanza el tiempo, las organizaciones de víctimas y los sindicatos han solicitado reformas en el reglamento del fondo para ampliar los casos que pueden ser indemnizados y aumentar las cuantías otorgadas, que son significativamente inferiores a las que suelen reconocer los tribunales. También han pedido la exención de tributación del IRPF para estas indemnizaciones, similar a lo que se aplica a otras víctimas en España. La próxima reunión con el secretario de Estado de Seguridad Social, Borja Suárez, podría ser crucial para avanzar en estas demandas, aunque no se han logrado compromisos firmes hasta el momento. La situación del fondo de amianto es un tema que merece atención continua, ya que su evolución podría tener implicaciones significativas para los afectados y sus familias en el futuro cercano.