La deuda bruta consolidada de la Administración Central argentina alcanzó los USD455.000 millones en 2025, lo que representa una reducción interanual de USD11.800 millones, equivalente a un 2,5%. Sin embargo, en comparación con noviembre de 2023, cuando comenzó la actual gestión, la deuda ha aumentado en USD29.500 millones. Este cambio en la composición de la deuda no refleja una mejora estructural, sino que se debe a un aumento en el endeudamiento con organismos internacionales, especialmente tras el acuerdo con el FMI firmado en abril de 2025 por USD20.000 millones, de los cuales se han desembolsado aproximadamente USD15.000 millones hasta la fecha.

A pesar de la reducción interanual, el ratio de deuda sobre el PIB se sitúa en un 78,4%, lo que sigue siendo elevado en comparación con otros países de la región. Brasil y Colombia, por ejemplo, tienen ratios de deuda pública bruta que superan el 70% u 80% del PIB, pero mantienen un acceso fluido a los mercados internacionales de crédito. Argentina, por su parte, enfrenta un riesgo país que no logra bajar de los 500 puntos básicos, lo que limita su capacidad de financiamiento en condiciones sostenibles y refleja un historial de nueve defaults soberanos.

En el ámbito doméstico, la deuda en pesos ha escalado a USD222.000 millones a marzo de 2026, representando el 46,2% de la deuda bruta total. Esta situación se ve impulsada tanto por la apreciación del peso como por la acumulación de vencimientos de corto plazo. El Tesoro ha estado gestionando el rollover de la deuda a través de una variedad de instrumentos, como Lecaps y bonos CER, buscando alargar la duración de la deuda y aliviar los vencimientos de 2026 y 2027. Sin embargo, el primer y segundo trimestre de 2026 concentrarán los mayores compromisos en pesos de toda la gestión, lo que representa un desafío significativo.

La presión sobre las finanzas públicas es aún más pronunciada en el frente de la deuda en moneda extranjera. Argentina enfrenta vencimientos por casi USD11.500 millones en 2026, que incluyen pagos de Bonares y Globales, así como compromisos con el FMI. La perspectiva para el período 2026-2031 es aún más exigente, con un perfil de vencimientos que suma cerca de USD118.000 millones entre capital e intereses, lo que implica un promedio de USD20.000 millones anuales. La cuenta corriente, que históricamente ha sido un indicador de la capacidad de generación de divisas, no es suficiente para cubrir este cronograma, lo que plantea serias dudas sobre la sostenibilidad del financiamiento.

A medida que se acercan las elecciones presidenciales de 2027, la situación se vuelve más crítica. Para que Argentina pueda acceder a los mercados internacionales a tasas razonables, el riesgo país debería converger a niveles mucho más bajos. Actualmente, el gobierno está buscando financiamiento multilateral y ha confirmado líneas de financiamiento con el Banco Mundial y el BID, pero la dependencia de estos fondos plantea riesgos sobre la autonomía en la política económica y fiscal. La garantía del Banco Mundial aún no ha sido aprobada y cada revisión del programa con el FMI introduce nuevas incertidumbres. Por lo tanto, los próximos meses serán cruciales para la estabilidad financiera del país y para la capacidad del gobierno de cumplir con sus obligaciones.