La investigación judicial sobre el patrimonio del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ha tomado un giro significativo tras el testimonio de Matías Tabar, un contratista que afirmó haber recibido u$s245.000 en efectivo y sin factura por las refacciones realizadas en la casa de Adorni en el country Indio Cuá. Este hecho ha generado inquietud en el ámbito político y financiero, dado que se cuestiona la procedencia de los fondos utilizados para financiar tanto la compra como las obras de la propiedad, especialmente considerando que los ingresos declarados por Adorni no parecen ser suficientes para cubrir tales gastos.

El fiscal federal Gerardo Pollicita está a cargo de la investigación, que busca esclarecer cómo Adorni pudo costear estas reformas. Tabar, quien es socio del grupo Alta Arquitectura, fue convocado para proporcionar detalles sobre los costos de la obra y la falta de documentación que respalde los pagos realizados. La ausencia de facturas es un punto crítico, ya que la fiscalía ha solicitado contratos, presupuestos y un listado del personal que trabajó en la obra, además de un detalle final de los montos involucrados.

La casa fue adquirida por Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, a finales de 2024, pero sorprendentemente, aún no figura registrada a nombre del funcionario. La escritura se firmó el 15 de noviembre de ese año, pero el inmueble sigue bajo la titularidad del anterior dueño, Juan Ernesto Cosentino. Este retraso en la inscripción no es ilegal, pero genera dudas sobre la transparencia del proceso de compra y las posibles irregularidades que podrían haber ocurrido.

El eje central de la causa se centra en el origen del dinero. Adorni había declarado ingresos mensuales de $3.500.000 hasta el año pasado, cifra que luego aumentó a $7.000.000, pero los gastos detectados superan con creces esos montos. La compra de la vivienda, las reformas por u$s245.000, el mantenimiento del country y las expensas generan un flujo de salida que no concuerda con los números oficiales. Esto ha llevado a la intervención de la Justicia, que también está investigando el uso de hipotecas privadas en las operaciones inmobiliarias de Adorni. En particular, la compra en Indio Cuá se realizó mediante un préstamo privado de u$s100.000, con una tasa de interés del 11% anual, de la cual se han devuelto hasta ahora u$s30.000.

La simultaneidad de las operaciones es otro aspecto que se está investigando. Mientras Adorni alquilaba una vivienda en el mismo country, también estaba realizando reformas en su propia casa. La Justicia busca determinar cómo se financiaron estas obras mientras se pagaba un alquiler y quién asumía los costos de las expensas y otros gastos asociados al mantenimiento de la propiedad. La fiscalía está analizando si hubo pagos en efectivo por otros conceptos, lo que podría indicar un patrón de operaciones sin la debida documentación formal. En las próximas semanas se esperan nuevas declaraciones y la incorporación de más documentación financiera, lo que podría arrojar luz sobre la situación patrimonial de Adorni y su cumplimiento con las normas de control que rigen para los funcionarios públicos.

Este caso no solo tiene implicaciones legales para Adorni, sino que también podría afectar la percepción pública sobre la transparencia en la gestión de funcionarios en Argentina. La falta de claridad en el origen de los fondos y la ausencia de documentación adecuada podrían generar un clima de desconfianza hacia las instituciones y el gobierno. Los inversores y analistas estarán atentos a cómo se desarrolla esta situación, ya que podría influir en la estabilidad política y económica del país, especialmente en un contexto donde la confianza en las instituciones es fundamental para la recuperación económica.