La agencia de calificación S&P Global Ratings ha puesto en revisión negativa la calificación crediticia del Estado de Sinaloa, México, en medio de un escándalo que involucra al gobernador Rubén Rocha Moya. Esta decisión se produce tras acusaciones de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, que señala a Rocha Moya y a otros nueve funcionarios por presuntos vínculos con el narcotráfico. La revisión negativa podría resultar en una baja en la calificación crediticia del estado en el corto plazo, lo que generaría un impacto significativo en su acceso a financiamiento.

La situación financiera de Sinaloa ya era precaria, con una liquidez considerada “menos que adecuada”, lo que significa que el efectivo disponible no cubre adecuadamente sus obligaciones. Al cierre de 2025, la deuda total del estado alcanzaba los 7,182 millones de pesos, de los cuales 2,695 millones son de corto plazo. Esta estructura de deuda hace que Sinaloa dependa en gran medida del refinanciamiento con bancos como Banorte, Santander y BBVA, lo que podría complicarse si las condiciones de crédito se endurecen debido a la revisión de S&P.

Las acusaciones de narcotráfico no solo afectan la reputación del gobernador y su administración, sino que también elevan la incertidumbre sobre el entorno financiero de Sinaloa. La calificación actual del estado se mantiene en ‘mxA’, un nivel considerado sólido dentro de la escala nacional, pero la revisión negativa indica que hay una probabilidad de ajuste a la baja si se deterioran factores como la liquidez, el desempeño presupuestal o la administración financiera. Esto podría llevar a un aumento en los costos de financiamiento y a una mayor dificultad para acceder a créditos en el futuro.

Para los inversores, la situación en Sinaloa representa un riesgo considerable. El acceso a financiamiento es crucial para los gobiernos estatales, especialmente en momentos de necesidad de liquidez. Si S&P decide bajar la calificación, esto podría traducirse en mayores tasas de interés para la emisión de deuda, lo que afectaría el presupuesto estatal y, por ende, la capacidad del gobierno para invertir en infraestructura y servicios públicos. Además, la presión sobre las finanzas públicas podría tener repercusiones en la economía local, afectando a empresas y ciudadanos.

S&P Global Ratings prevé resolver esta revisión en un plazo cercano a 90 días, lo que significa que en este tiempo se evaluará la capacidad de Sinaloa para mantener su acceso a financiamiento y la estabilidad de sus cuentas. Los próximos meses serán críticos para el estado, ya que cualquier deterioro adicional en su situación financiera podría llevar a una baja en su calificación crediticia. Los inversores deben estar atentos a los desarrollos en este caso y a cómo se manejará la situación política y financiera en Sinaloa, ya que esto podría tener implicaciones más amplias en la región y en el mercado de deuda mexicano.