El exdiputado Gustavo Hasbún ha solicitado a la Contraloría de Chile una revisión de los gastos en celebraciones de las municipalidades de Copiapó y Coquimbo, que en 2025 lideraron un listado de gastos municipales con desembolsos de $338 millones y $293 millones, respectivamente. Esta solicitud se produce tras la publicación del Consolidado de Información Circularizada Nº 22, que reveló que estos municipios fueron los que más gastaron en celebraciones durante el año pasado. Hasbún argumenta que estos gastos podrían comprometer el uso correcto de recursos fiscales y exige una fiscalización exhaustiva de los mismos.

Los municipios de Copiapó y Coquimbo han defendido sus gastos, argumentando que cumplen con las normativas vigentes y que sus inversiones en celebraciones son justificadas. Desde Copiapó, se indicó que el gasto per cápita en celebraciones fue de $2.048, muy por debajo del promedio nacional de $9.064, lo que sugiere que su gasto no es desproporcionado. Por su parte, el municipio de Coquimbo destacó que sus gastos en celebraciones representan menos del 0,5% de su presupuesto, lo que refuerza su argumento de que estos desembolsos son razonables y están destinados a fomentar la cultura y el turismo.

El requerimiento de Hasbún se centra en la posibilidad de irregularidades en la adjudicación de contratos relacionados con estos eventos. Sus abogados han señalado que hay serias dudas sobre la justificación de los gastos y la debilidad del soporte documental que respalde las decisiones presupuestarias. Esto podría abrir la puerta a investigaciones más profundas sobre la gestión de recursos públicos en estos municipios, lo que podría tener repercusiones en la confianza pública y en la administración municipal.

Desde una perspectiva de inversión, la situación plantea un riesgo potencial para los mercados chilenos, especialmente si se inicia una investigación formal que pueda afectar la reputación de los municipios involucrados. La fiscalización de estos gastos podría llevar a un mayor escrutinio sobre cómo se manejan los recursos públicos, lo que podría influir en la percepción de los inversores sobre la estabilidad y transparencia del gobierno local. Además, si se encuentran irregularidades, podría haber consecuencias legales que afecten la operativa de los municipios y su capacidad para realizar futuros contratos.

A futuro, será importante monitorear la respuesta de la Contraloría a la solicitud de Hasbún y cualquier acción que pueda derivarse de esta. La Contraloría tiene la responsabilidad de garantizar la transparencia y el correcto uso de los recursos públicos, y su pronunciamiento podría tener un impacto significativo en la gestión de los municipios mencionados. Las próximas semanas serán cruciales para observar cómo se desarrolla esta situación y qué medidas se implementan para abordar las preocupaciones planteadas por Hasbún y su equipo legal.