El 28 de abril de 2025, España y Portugal sufrieron un apagón masivo que afectó a 36 millones de consumidores, dejando a millones sin electricidad durante varias horas. Este evento, conocido como un 'cero eléctrico', se originó por oscilaciones en la red eléctrica, principalmente atribuibles a plantas fotovoltaicas en el suroeste de España. A pesar de que la demanda de electricidad era baja y la oferta suficiente, el incidente desató un caos en el transporte y en la vida cotidiana, con trenes detenidos y negocios cerrados.

Desde el apagón, el costo de la electricidad ha aumentado significativamente, con un incremento estimado de hasta un 30% en las facturas de los consumidores. La operación reforzada implementada por Red Eléctrica de España (REE) para evitar futuros apagones ha llevado a la programación de más ciclos combinados, que son más costosos. La materia prima del gas, esencial para estas plantas, también ha visto un aumento de precios debido a tensiones geopolíticas, lo que ha contribuido al encarecimiento general del sistema eléctrico.

Las investigaciones sobre el apagón han sido extensas, pero hasta ahora no se han asignado responsabilidades claras. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha abierto expedientes sancionadores contra REE y las principales compañías eléctricas, como Endesa e Iberdrola, por supuestas infracciones en sus obligaciones de control de tensión. Sin embargo, los informes han sido más descriptivos que conclusivos, dejando a muchos en el sector con la sensación de que las reformas necesarias para mejorar la estabilidad del sistema eléctrico no se han implementado.

Para los inversores, el aumento de los costos de energía podría tener repercusiones en el sector energético y en la economía en general. Las empresas que dependen de la electricidad para su producción podrían enfrentar márgenes de ganancia más ajustados, lo que podría impactar sus acciones en el mercado. Además, el encarecimiento de la energía podría llevar a un aumento en la inflación, lo que afectaría a la política monetaria y a las decisiones de inversión en otros sectores.

A futuro, es crucial monitorear las reformas regulatorias que se prometieron tras el apagón. Aunque se han anunciado cambios técnicos, como la aprobación de un nuevo procedimiento operativo que permitirá a las energías renovables ofrecer un mejor control de tensión, la implementación efectiva de estas reformas será clave para restaurar la confianza en el sistema eléctrico. La CNMC tiene un plazo de 18 meses para determinar las sanciones, lo que podría influir en la dinámica del mercado energético en los próximos años.