La crisis de Peabody, controlada por Goldmund S.A., ha escalado a un proceso judicial tras la apertura del concurso preventivo por parte del Juzgado Comercial N°21. La empresa enfrenta una deuda total que asciende a $39.234 millones, un monto que refleja un deterioro financiero significativo y que involucra a más de 350 acreedores. A la fecha de la presentación, la compañía ya había acumulado compromisos con entidades bancarias por cerca de $19.600 millones, aunque este monto representa solo una fracción de un pasivo mucho más amplio que incluye obligaciones comerciales, fiscales y operativas.

El estado de cesación de pagos fue reconocido por el tribunal, lo que habilita la negociación con los acreedores. Sin embargo, Goldmund ha admitido que el quiebre financiero se produjo semanas antes de la presentación formal, concretamente el 27 de febrero de 2026, cuando no pudo cumplir con un vencimiento de $290 millones. Este incumplimiento marcó el inicio de una cadena de problemas de liquidez, evidenciada por 168 cheques rechazados que suman casi $553 millones, lo que ha afectado directamente a proveedores y socios comerciales.

La situación financiera de Peabody no solo afecta su capacidad de pago, sino que también ha impactado su estructura operativa. La planta ubicada en La Tablada, Buenos Aires, es alquilada y la empresa debe tres meses de alquiler, acumulando una deuda de más de $628 millones, lo que ha generado tensiones con el propietario del inmueble. La continuidad de este vínculo contractual es crítica, ya que la planta es fundamental para las operaciones de la compañía, que enfrenta un contrato que vence en junio de 2026.

El pasivo de Peabody está altamente fragmentado, con una mayoría de las deudas vinculadas a proveedores y servicios, lo que indica que la empresa se financió en gran medida a través de su propia cadena de valor. Esto ha llevado a una situación en la que el impacto del default no se limita a unos pocos actores, sino que se extiende a cientos de relaciones comerciales. Además, la deuda fiscal con ARCA supera los $565 millones, lo que añade otra capa de complejidad a la crisis.

El contexto en el que opera Peabody ha sido complicado por restricciones a las importaciones y la necesidad de vender productos por debajo de su costo para mantener el flujo de mercadería. Este enfoque ha erosionado su capital de trabajo y ha llevado a la acumulación de créditos fiscales que se han vuelto problemáticos. En 2025, la empresa vendió más de 700.000 unidades, pero en 2026, las ventas cayeron drásticamente a 83.676 unidades, evidenciando un cambio en su modelo de negocio hacia una mayor dependencia de las importaciones. La producción local ha perdido competitividad, lo que ha llevado a la empresa a establecer un esquema de maquila en Paraguay, donde los costos son significativamente más bajos.

Con la apertura del concurso, se inicia una etapa de verificación de créditos y negociación con los acreedores. Sin embargo, el caso de Peabody es más que un simple problema financiero; es un reflejo de un modelo industrial que ha dejado de ser viable en el contexto actual. Los inversores deben estar atentos a cómo se desarrollará esta situación, ya que podría tener implicaciones más amplias para el sector de electrodomésticos en Argentina y la región.