En marzo, la deuda flotante del Estado argentino alcanzó los $4,04 billones, lo que representa un aumento significativo del 28,3% en comparación con el mes anterior, según datos ajustados por estacionalidad. Este incremento se debe a la estrategia del Gobierno de postergar pagos para mantener un superávit fiscal que, aunque positivo, es cada vez más cuestionado por su sostenibilidad. La deuda flotante se refiere a los gastos comprometidos por el Estado que aún no han sido pagados, lo que genera una discrepancia entre los gastos devengados y los efectivamente abonados.

El crecimiento de la deuda flotante en marzo se traduce en un aumento de $2,1 billones respecto a febrero, lo que marca la mayor suba en pesos constantes desde que asumió el actual gobierno. En términos interanuales, el incremento se sitúa en un 13,5%, lo que refleja una tendencia preocupante en la gestión fiscal. Salvador Vitelli, analista de Romano Group, destacó que este aumento se debe principalmente a gastos en bienes y servicios y transferencias que el Estado ha realizado pero no ha pagado, lo que pone de manifiesto la presión que enfrenta el Tesoro para equilibrar sus cuentas.

A pesar de que el Gobierno ha logrado reportar un superávit fiscal primario de $930.284 millones en marzo, equivalente a aproximadamente 0,5% del PBI, este resultado se ha visto impulsado en gran medida por ingresos extraordinarios, como la privatización de las centrales hidroeléctricas del Comahue. Sin embargo, la recaudación general ha mostrado una caída real del 4,5% interanual, lo que sugiere que la economía enfrenta desafíos significativos, incluyendo un estancamiento en la actividad y una disminución en la recaudación por derechos de exportación debido a la caída en las alícuotas de retenciones.

La creciente deuda flotante plantea interrogantes sobre la viabilidad del superávit fiscal como herramienta para recuperar la credibilidad ante los mercados internacionales. Analistas de Portfolio Personal Inversiones advierten que, aunque el superávit se ha mantenido, el aumento de la deuda flotante podría ser un indicador de un posible achicamiento del superávit primario en el futuro. Con ingresos en declive y un ajuste fiscal que se apoya en gastos postergados, la discusión sobre la sostenibilidad de las cuentas públicas se torna cada vez más relevante.

De cara al futuro, los inversores deben estar atentos a la evolución de la deuda flotante y su impacto en las cuentas fiscales. La situación podría complicarse aún más si el Gobierno no logra revertir la tendencia de caída en la recaudación y si se presentan nuevos gastos extraordinarios. La capacidad del Estado para refinanciar su deuda en los mercados internacionales dependerá en gran medida de su habilidad para mantener un superávit fiscal genuino, sin depender de la postergación de pagos. En este contexto, el próximo informe fiscal del Ministerio de Economía será crucial para evaluar la salud fiscal del país y las perspectivas a corto y mediano plazo.