El reciente anuncio del gobierno chileno sobre la Ley de Empresas de Aplicaciones de Transporte (EAT), conocida popularmente como "Ley Uber", ha generado un fuerte rechazo entre los taxistas del país. El ministro de Transporte, Louis de Grange, informó que se planean cambios en el reglamento que eliminarían restricciones como la antigüedad del vehículo y la cilindrada, lo que, según el gobierno, busca ampliar la oferta de transporte. Sin embargo, esta flexibilización ha sido recibida con preocupación por parte de los gremios de taxistas, quienes argumentan que esto podría llevar a una competencia desleal y a una mayor informalidad en el sector.

La Confederación Nacional de Taxis Colectivos de Chile (Conatacoch) ha expresado su inquietud sobre las posibles repercusiones de estas modificaciones. Su presidente, Héctor Sandoval, advirtió que en un contexto de menor demanda, las plataformas de transporte podrían operar de manera informal, lo que afectaría directamente los ingresos de los taxistas. Esta situación se agrava al considerar que los conductores de aplicaciones tendrían menos regulaciones que los taxis, lo que podría generar un desequilibrio en el mercado de transporte.

Eduardo Castillo, presidente de la Confederación de Taxis Colectivos y Transporte Menor de Chile (Conttramen), también ha manifestado su preocupación. Si bien valora la existencia de regulación, sostiene que la ley actual no corrige completamente la asimetría entre el transporte regulado y las plataformas. A lo largo de los años, los taxis y colectivos han tenido que cumplir con exigencias estrictas, mientras que las plataformas operan con estándares más laxos, lo que ha llevado a una competencia desigual.

En este contexto, el diputado Jaime Mulet ha solicitado a la Contraloría que evalúe la legalidad de los cambios propuestos al reglamento ya aprobado. Mulet considera que modificar un reglamento que ya ha sido tomado de razón es un despropósito que beneficiaría a las plataformas como Uber, pero perjudicaría tanto a los conductores de aplicaciones como a los taxistas. La falta de respuesta de la Contraloría hasta el momento ha dejado en suspenso la situación, lo que podría generar incertidumbre en el sector.

Recientemente, se llevó a cabo una sesión en la Comisión de Transportes del Senado donde se discutieron estos cambios. Durante la presentación, se mencionaron nuevos estándares de acceso y operación, así como la eliminación de requisitos que complicaban el proceso de inscripción para los conductores de aplicaciones. Sin embargo, los representantes de los taxistas insisten en que cualquier modificación debe garantizar una equidad regulatoria efectiva, evitando que las plataformas tengan exigencias más flexibles que las que enfrentan los transportistas formales. La situación actual refleja la necesidad de un sistema de transporte más equilibrado, donde todos los actores compitan bajo las mismas reglas.

A futuro, será crucial observar cómo se desarrollan las negociaciones entre el gobierno y los gremios de taxistas, así como la respuesta de la Contraloría ante el oficio presentado por el diputado Mulet. La fecha de publicación del nuevo reglamento y su implementación serán determinantes para el futuro del transporte en Chile. Además, la reacción del público y la demanda de servicios de transporte influirán en la dinámica del mercado, lo que podría tener repercusiones en la economía local y en la percepción de los consumidores sobre la calidad y seguridad del transporte en el país.