El Gobierno argentino ha oficializado un decreto que permite a nueve provincias concesionar tramos de rutas nacionales a través de un sistema de peaje. Esta medida, firmada por el presidente Javier Milei y su gabinete, busca delegar competencias a las provincias para la gestión de infraestructura vial, aunque mantiene la titularidad federal sobre las rutas. Las provincias que podrán participar en este esquema son Corrientes, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza, Río Negro, Neuquén, San Juan y Santa Cruz.

La decisión ha generado reacciones variadas entre los gobernadores de las provincias afectadas. Mientras algunos expresan un apoyo cauteloso, otros piden más detalles sobre los aspectos operativos y financieros del nuevo sistema. La norma establece que la delegación de competencias es “funcional, limitada, temporal y revocable”, lo que significa que las provincias no obtienen la propiedad de las rutas, pero sí la posibilidad de gestionar su mantenimiento y explotación. Esta medida se da en un contexto de deterioro de la infraestructura vial en Argentina, donde la obra pública ha estado estancada, lo que obliga a buscar alternativas de financiamiento.

Los gobernadores involucrados han manifestado su interés en asumir estas responsabilidades, aunque con ciertas reservas. Por ejemplo, Maximiliano Pullaro, gobernador de Santa Fe, subrayó la necesidad de claridad en los plazos y condiciones de la concesión, advirtiendo que sin un compromiso claro de mantenimiento, las inversiones podrían no ser sostenibles. Esta postura refleja una preocupación generalizada sobre la viabilidad del sistema de peajes y su impacto en la economía local, ya que podría trasladar costos a los usuarios de las rutas.

La posibilidad de implementar peajes también ha suscitado un debate sobre la equidad en el financiamiento de la infraestructura. Algunos gobernadores, como Alberto Weretilneck de Río Negro, han argumentado que esta medida es una oportunidad para mejorar las condiciones de las rutas que han sido desatendidas por el gobierno central. Sin embargo, otros mandatarios han expresado su preocupación por los costos que esto podría significar para los ciudadanos y la capacidad de atraer inversiones privadas para la mejora de las rutas.

A futuro, será crucial observar cómo se desarrollan las licitaciones y la implementación de este nuevo esquema. Las provincias deberán estructurar propuestas atractivas para los inversores y coordinar con el gobierno nacional para asegurar que las concesiones sean efectivas y sostenibles. La capacidad de las provincias para gestionar estas concesiones podría redefinir el equilibrio entre el gobierno nacional y las jurisdicciones provinciales en materia de infraestructura, lo que podría tener repercusiones en la política económica del país en los próximos años.