La Superintendencia de Economía Solidaria (Supersolidaria) ha destapado un escándalo financiero en Coosalud EPS, una entidad que cuenta con 3,3 millones de afiliados. La Supersolidaria ha encontrado irregularidades significativas en la gestión financiera de la EPS, que entre 2019 y 2025 habría implementado un esquema para desviar y ocultar recursos. Esta situación se agrava con la reciente decisión del Tribunal Administrativo de Bolívar, que suspendió la intervención administrativa impuesta por la Superintendencia de Salud, argumentando que la intervención había empeorado la crisis financiera de la EPS.

La intervención de Coosalud EPS comenzó en noviembre de 2024, debido a problemas de gestión que llevaron a la Superintendencia de Salud a tomar medidas drásticas. Sin embargo, el tribunal consideró que la intervención estaba exacerbando la crisis, lo que llevó a su suspensión. Este desenlace pone en evidencia la complejidad de la situación financiera de Coosalud, que se remonta a 2017, cuando la cooperativa y la EPS eran una sola entidad. La división en dos entidades ha generado confusión y problemas de transparencia en la presentación de estados financieros, lo que ha llevado a la Supersolidaria a investigar a fondo la situación.

La superintendente de Economía Solidaria, María José Navarro, explicó que los estados financieros de Coosalud no estaban siendo reportados correctamente. La cooperativa, que es la matriz de la EPS, debía presentar estados financieros consolidados, pero esto no se cumplió. Además, el tribunal identificó un aumento del 32% en las Peticiones, Quejas y Reclamos (PQR) y un crecimiento sostenido en las tutelas, lo que refleja una creciente insatisfacción entre los afiliados. La alta rotación de interventores también ha contribuido a la inestabilidad de la EPS, lo que llevó al tribunal a tomar la decisión de suspender la intervención.

En el centro de este escándalo se encuentra Jaime González, exgerente de Coosalud, quien es acusado de haber construido una arquitectura financiera para ocultar las deudas de la EPS. Se han identificado presuntas simulaciones de compras de cartera por más de $55.000 millones y transacciones que podrían alcanzar los $90.600 millones. Además, se han detectado procesos ejecutivos superiores a $300.000 millones derivados de estas operaciones. La situación financiera de Coosalud es crítica, y la falta de claridad en la gestión podría tener implicaciones serias para los afiliados y los proveedores de salud.

De cara al futuro, la suspensión de la intervención abre un nuevo capítulo en la lucha por el control de Coosalud. Aunque la EPS debe volver a su estado anterior, la Supersalud podría intentar frenar o dilatar la aplicación de esta decisión. Esto genera incertidumbre sobre la continuidad de los pagos de los contratos, lo que podría afectar la prestación de servicios a los pacientes. En este contexto, es fundamental que los afiliados y proveedores estén atentos a los desarrollos legales y administrativos que puedan surgir en las próximas semanas, ya que la situación sigue siendo volátil y podría tener repercusiones significativas en el sector salud.

En resumen, la crisis de Coosalud EPS es un reflejo de las debilidades estructurales en la gestión de entidades de salud en Colombia. La falta de transparencia y la mala gestión financiera son problemas que deben abordarse urgentemente para garantizar la estabilidad del sistema de salud y la protección de los derechos de los afiliados. La situación de Coosalud podría servir como un caso de estudio para otras EPS en la región, incluida Argentina, donde los problemas de gestión y transparencia también son preocupaciones constantes.